La Guardia Civil lideró este martes registros en medio centenar de alcaldías de España y el principado de Andorra en el marco de una investigación sobre contratos públicos fraudulentos.
“Se prevén registros y solicitudes de información en unos cincuenta ayuntamientos“, declaró a la AFP un portavoz del cuerpo de seguridad.
Los registros, que se realizaban en alcaldías, domicilios, despachos profesionales y entidades públicas, buscaban documentos en relación a un gran número de delitos, como blanqueo de capitales, malversación de fondos, tráfico de influencias y fraude, explicó un comunicado de la Guardia Civil.
Durante la operación, fueron detenidas doce personas personas “relacionadas con la trama investigada“, entre ellos empresarios, un exalcalde y dos funcionarios públicos municipales, señaló el texto.
La operación emana de una investigación judicial que sacó a la luz prácticas presuntamente ilegales de la empresa Efial, que trabajaba para los ayuntamientos, sobre todo en Cataluña (noreste).
Efial formaba parte de un entramado fraudulento de empresas que permitía desviar fondos públicos de las alcaldías. La red operaba en las provincias de Tarragona (noreste), Barcelona y Madrid.
“Gran parte de fondos ilícitamente obtenidos eran desviados a Andorra a través de complejas operativas mercantiles”, agregó el comunicado.
La prensa local indicó que una parte de los ayuntamientos afectados estaban dirigidos por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido del presidente independentista catalán, Carles Puigdemont.
La corrupción, que ha salpicado a políticos, sindicatos y hasta a la familia real, es una de las principales preocupaciones de los españoles, junto al desempleo.
Una veintena de casos han golpeado a Cataluña desde los años 1970. Uno de los más emblemáticos involucró a su presidente histórico, Jordi Pujol (1980-2003), el fundador de CDC, señalado de haber desviado millones de euros, escondidos en paraísos fiscales.
Por su lado, los independentistas en el poder en Cataluña sospechan que la policía española busca causarles problemas judiciales.
A finales de junio, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue el centro de un escándalo cuando fueron filtradas grabaciones de conversaciones del funcionario en las que parecía utilizar sus servicios para intentar incriminar a partidos independentistas catalanes.
