La jueza federal Aileen Cannon ha concedido al expresidente estadounidense Trump la petición para el nombramiento de un supervisor independiente que revise los documentos incautados por la policía federal, el FBI, en su mansión de Mar-a-Lago.
La Justicia estadounidense aceptó este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente Donald Trump (2017-2021) en Florida.
La magistrada Aileen Cannon, del distrito del Sur de Florida, ordenó que esa persona se encargue de revisar los bienes incautados.
A lo anterior se suma gestionar las afirmaciones de privilegio ejecutivo invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes.
La petición de un perito independiente había sido solicitada por los abogados defensores de Trump. El pasado jueves Donald Trump alegó que su designación brindaría “confianza” a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el exmandatario en su mansión de Florida.
Los letrados habían reclamado ese “special master”, como se denomina en inglés al perito independiente, no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado cliente.
Por ende, separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de lo requisado por el FBI en la residencia de Trump.
Perito privado para revisar documentos allanados en mansión de Trump
A su vez, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) habían señalado como “innecesaria” la designación de un perito al considerar que dilataría las pesquisas.
En el registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago se encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.
La decisión de este lunes de la jueza estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo.
Lo anterior, en el marco de la investigación hasta que ese perito no finalice su análisis o hasta nueva orden judicial.
No obstante, apunta que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional puede continuar su evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional.
Esto, ante la eliminación de la custodia gubernamental de documentos clasificados, algunos relacionados con secretos de Gobierno y de inteligencia tachados como “top secret”.
