El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente usó su retórica para referirse a la inmigración y criticó que los niños nacidos en el país que son hijos de inmigrantes indocumentados tengan derecho a la ciudadanía estadounidense.

“Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de Estados Unidos… con todos los beneficios”, dijo en la entrevista televisada. “Es ridículo, es ridículo, y tiene que terminar”, afirmó el mandatario norteamericano.

Las declaraciones de Trump inmediatamente generaron reacción en Estados Unidos, pero no sólo por el anuncio de la medida, sino también por la justificación de que eran el “único país del mundo” que entrega este beneficio a hijos de indocumentados.

Pero como han reportado varios medios de comunicación de Estados Unidos, hay varios países -especialmente en América- que entregan la nacionalidad a niños nacidos en su territorio y que son hijos de inmigrantes indocumentados.

El portal Bloomberg en su artículo sobre el anuncio de Trump resaltó que su declaración es errónea y que países como Canadá, Argentina, Brasil o México entregan este beneficio.

La agencia de noticias Associated Press también reportó este error, tras informar que había borrado un tuit que reproducía la declaración de Trump, explicando a que la información que daba el presidente no era correcta.

La información también fue ratificada por el Centro de Estudios de la Inmigración (CIS en inglés), que destacó que Canadá y Estados Unidos son los únicos países desarrollados con este beneficio y que es un derecho bastante extendido por el continente americano.

No obstante, la propuesta está lejos de convertirse en realidad, pues modificar la Constitución implica procedimientos que no incluyen al decreto presidencial.

“Siempre me dijeron que se necesita una enmienda constitucional. ¿Adivina qué? No es así”, señaló Trump.

“Está en proceso. Se va a hacer con un decreto”, aseveró.

Más allá de la resistencia que la propuesta pueda generar, los juristas cuestionan que el presidente pretenda acabar mediante un decreto con este derecho garantizado por la Constitución.

“Inconstitucional”

Para Laurence Tribe, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, este proyecto de decreto es una aberración.

“Si el derecho de suelo garantizado por la 14ª Enmienda pudiera ser borrado así de un plumazo por Trump, entonces la Constitución entera podría ser borrada de la misma manera”, dijo en Twitter.

La Enmienda en cuestión reza que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, están sujetas a su jurisdicción, por lo tanto son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residan”.

En la entrevista, Trump no dio ningún indicio del plazo en el que podría intentar poner en marcha esta reforma. La vocación de sus palabras parece más orientada a lo inmediato, a las elecciones que se acercan, en las cuales los demócratas podrían recuperar el control del Congreso, por lo que el presidente ha tomado a la inmigración como su tema predilecto en los mítines de campaña.

Asimismo, ha aprovechado la expectación generada por una caravana de migrantes que partió de Honduras el 13 de octubre para agitar su discurso contra la inmigración, calificando la llegada de la caravana de “invasión”.

Las autoridades estadounidenses calculan que en la caravana, que avanza actualmente por el estado mexicano de Oaxaca (sur), hay unas 3.500 personas, entre ellas mujeres embarazadas que abrigan la esperanza de que sus hijos sean ciudadanos estadounidenses.

Los demócratas destacaron de inmediato el carácter inconstitucional de la iniciativa del presidente.

“Aunque la propuesta de Trump de terminar el derecho por nacimiento es obviamente inconstitucional, su intensión está clara, es incitar al miedo, dividir a nuestra nación y hacer que las comunidades vulnerables se sientan inseguras”, dijo el partido en un mensaje en el que llamó a votar.

La organización de defensa de los derechos humanos ACLU recordó que la 14ª Enmienda garantiza de forma clara la ciudadanía y que la Constitución no se puede borrar con una orden ejecutiva.

“Esto es un atentado plenamente anticonstitucional para agitar la retórica incendiaria de odio contra los inmigrantes días antes de las elecciones”, estimó la organización.