Tal como temían organizaciones de derechos humanos, el gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes la cancelación del Estátus de Protección Temporal (TPS) que permitió a más de 200 mil salvadoreños y sus familias permanecer en el país durante casi dos décadas.

Ahora, los ciudadanos de este país centroamericano tendrán hasta septiembre de 2019 para buscar una forma de legalizar su residencia en el país, o deberán salir de los Estados Unidos.

Se trata de la medida más extrema tomada por la administración Trump, considerando que ya en noviembre había derogado el TPS para Nicaragua y Haití. Pero mientras estos países tienen comunidades de 2.500 y 60.000 inmigrantes bajo este amparo, los salvadoreños -considerando a sus hijos nacidos en los Estados Unidos- podrían alcanzar el medio millón de personas.

Sólo Honduras obtuvo una prórroga para sus 57.000 ciudadanos acogidos al TPS, la que se revisará en julio de este año.

TPS: De medida excepcional a beneficio para países en crisis

El Estátus de Protección Temporal (TPS) se creó como una ayuda para algunas naciones que atravesaban crisis humanitarias debido a catástrofes naturales o conflictos bélicos, a fin de que sus ciudadanos pudieran emigrar a Estados Unidos para permanecer y trabajar en el país mientras la situación en casa mejoraba.

Nicaraguas y Honduras lo recibieron en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch, que acabó con la vida de cerca de 11 mil personas en Centroamérica y el Caribe. El Salvador lo recibió en 2001 tras el terremoto de 8 grados que remeció el país, dejando más de 1.200 víctimas fatales. En tanto Haití fue beneficiado en 2010 también luego de sufrir un movimiento telúrico de 7.3 grados, que mató a un estimado de 200 mil personas.

Posteriormente, tanto las administraciones demócratas como republicanas fueron renovando consecutivamente los permisos de residencia, en atención a la pobreza e inseguridad que sigue imperando en la mayoría de estos países.

Sin embargo, a mediados de 2017 el presidente Donald Trump comenzó a cumplir una de sus promesas de campaña al cancelar los beneficios temporales otorgados a inmigrantes, entre los que se encontraba el TPS y el programa DACA, también conocido como “Dreamers”, bajo el cual se otorgaba protección a las casi 800 mil personas que arribaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños.

“Lo que estamos viendo es parte de la estrategia y política del gobierno de Donald Trump de seguir atacando a la comunidad inmigrante y desuniendo a nuestras familias”, indicó a Univision el director ejecutivo de CASA de Maryland, Gustavo Torres, calificando este último anuncio como “terrible y detestable”.