Organizaciones de derechos humanos anunciaron este viernes que desafiarán ante la justicia al Gobierno de Donald Trump, por la última versión del controversial decreto de antiinmigración, continuando una larga batalla legal sobre las restricciones de entrada a Estados Unidos.

Al frente de este grupo está la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que junto con otras organizaciones enviaron una carta a la Corte de Distrito de Maryland buscando modificar una demanda que ya habían introducido.

El nuevo decreto antiinmigración, dado a conocer por la Casa Blanca el pasado domingo, prohíbe a los ciudadanos de siete países viajar a Estados Unidos invocando razones de seguridad.

En este nuevo decreto, los ciudadanos de Yemen, Siria, Libia, Irán, Somalia, Corea del Norte y Chad tienen prohibido ingresar a Estados Unidos.

También están suspendidos algunos funcionarios del gobierno venezolano y sus familias, debido a lo que Estados Unidos llamó una escasa seguridad y una falta de cooperación con las autoridades estadounidenses.

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La nueva prohibición “es todavía en esencia una prohibición a los musulmanes, y discrimina según el país de origen, lo cual no es legal”, dijo el director de ACLU, Anthony Romero.

“Agregar unos pocos norcoreanos y un pequeño grupo de funcionarios venezolanos no lava el pecado original de que se trata de una prohibición contra los musulmanes. Veremos al presidente Trump en la Corte, otra vez”, agregó.

La segunda versión del decreto fue objeto de numerosas batallas legales, y debía ser examinada por la Corte Suprema en Washington el 10 de octubre.

Pero la corte suspendió la audiencia programada para el lunes mientras considera si este nuevo decreto hace que sea irrelevante.