El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acordó pagar 25 millones de dólares a un grupo de exestudiantes de su ya inexistente Universidad Trump, para poner punto final a los incontables procesos por estafa.
De acuerdo con el fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman, más de 6.000 exestudiantes de la fracasada universidad se beneficiarán de la indemnización.
“El acuerdo de hoy por 25 millones de dólares muestra un sorprendente cambio de Donald Trump y una importante victoria para más de 6.000 víctimas de esta fraudulenta universidad”, dijo el fiscal.
De esta forma, el entendimiento pone fin a dos demandas colectivas y a un juicio iniciado por Schneiderman en 2013 por haber “estafado a los neoyorquinos que trabajan duro”.
Los estudiantes que presentaron la demanda colectiva afirman haber sido víctimas de publicidad engañosa luego de haber pagado hasta 35.000 dólares y no haberse beneficiado de los servicios prometidos por el programa educativo, que no otorgaba diploma.
Un portavoz de la Organización Trump confirmó el acuerdo, aunque insistió en que habrían ganado el caso si hubiera seguido su curso.
“Aunque no tenemos duda de que la Trump University hubiera prevalecido en un juicio basado en los méritos del caso, la resolución de este asunto permite al presidente electo Trump centrar toda su atención en los importantes asuntos que enfrenta nuestra gran nación”, señaló el portavoz en un comunicado leído en la cadena CNN.
La universidad estuvo activa entre 2005 y 2011
Trump aseguró durante mucho tiempo no sentirse intimidado ante la posibilidad de tener que ir a juicio, ya que así podría demostrar su inocencia.
En plena campaña electoral, publicó un mensaje en la red Twitter donde afirmó que podría haber aceptado un acuerdo para cerrar el caso pero que no lo haría “por una cuestión de principio”.
Pero su abogado afirmó la semana pasada en Los Ángeles, durante una vista celebrada en el marco del primer proceso, estar abierto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso.
Durante la campaña presidencial, Trump había criticado reiteradamente al juez encargado de la demanda colectiva, Gonzalo Curiel, acusando al magistrado nacido en Indiana (norte de EEUU) de no poder ser imparcial a causa de sus orígenes mexicanos.
