De ser encontrado violando normas sanitarias, una persona podría tener problemas con la justicia: las penas parte en tres años si se confirma un contagio y llega a siete años de presidio en caso que la propagación se vuelve grave.

China busca cortar la cadena de contagios de coronavirus y para eso, aparte de una fuerte política de covid-19 cero, ha implementado otras acciones.

Una de ellas es pagarle a las personas para que delaten a un vecino que podría tener la enfermedad y finalmente se confirme como positivo.

La recompensa alcanza los 10 mil yuanes (1.418 euros, $1.293.213).

Las delaciones, en su máximo apogeo durante los años de excesos de la Revolución Cultural (1966-1976), alcanzan sobre todo a términos de la China rural como el condado de Jingxiu en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín.

Allí, los autoridades sanitarias presumieron hace unas semanas de su nuevo “sistema de castigos y recompensas” para que los residentes delatasen a “aquellas personas que no hayan informado, como se requiere, de su entrada a la localidad”.

“Quien dé pistas al Gobierno de contagios sospechosos y finalmente se confirmen como casos positivos, recibirá una recompensa de 10 mil yuanes”, reza una de las circulares de las autoridades locales.

“Hay que buscar a todos esos contactos cercanos, a los subcontactos, a quien deba estar en aislamiento y no lo esté o a quien haya entrado en el condado sin informar o sin un código QR de salud válido. Si los encuentra, recibirá su recompensa”, agregaron en el texto.

La misiva incide en “vigilar” a personal de seguridad, porteros de urbanizaciones, médicos, farmacéuticos o funcionarios, así como en estar alerta por si se celebran bodas y funerales sin avisar.

“Es nuestra responsabilidad”

Xie denunció a su vecino Huang, quien viajó al pueblo desde Foshan -en la provincia aledaña de Cantón – en coche “sin informar de su regreso”.

“Había un riesgo de transmisión y es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, proveer pistas para protegernos a nosotros y a los demás”, relataba el premiado tras recibir la recompensa, según la red de noticias local.

“Los premios van a inspirar al resto a hacer lo propio para garantizar los logros alcanzados en la lucha contra la pandemia”, agregó.

Huang, en cambio, fue enviado a aislamiento: según avisan varios gobiernos locales de China, quienes sean castigados deberán rendir cuentas según la ley.

Esta prevé prisión de hasta tres años para quien, “en violación de las regulaciones impuestas por los departamentos sanitarios, cause la transmisión de virus infecciosos”, y de tres a siete si la propagación es grave.

No obstante, para casos como ocultar un itinerario de viaje, “se aplica otra legislación de seguridad pública que incluye hasta 10 días de detención administrativa”, explicó a Efe una abogada local experta en esta materia.

Aviso contra falsas denuncias

Pero no todo podían ser castigos, como muestra la retribución que recibió el señor Wang por “cooperar con las autoridades” al informar que volvía al pueblo en un tren que transitaba desde la provincia oriental de Jiangsu, entonces zona considerada de riesgo.

¿El premio? No tener que costearse la cuarentena que las autoridades exigían a su regreso.

También hay “falsas denuncias” que los funcionarios tratan de atajar al exigir “autenticidad” en las acusaciones.

Aquellos que denuncien a otros de forma “maliciosa” serán investigados y castigados.

Así le ocurrió en abril a un residente de la oriental Shandong que reportó – presuntamente, de forma errónea – positivos en su empresa, el Grupo Industrial del Aluminio Huajian, y acabó diagnosticado con “alucinaciones, depresión y ansiedad”.

Un portavoz de Amnistía Internacional indicó a Efe que no es raro que la administración china recompense la delación.

“Son iniciativas, por ahora, a nivel muy local”, partió.

“El Gobierno debería asegurarse que las denuncias no se hacen de forma indebida y que tienen un alcance y plazo limitados”, añadió.

“También debería ser capaz de demostrar si estas medidas se alinean con los estándares más actualizados y científicos de los Derechos Humanos”, complementó.

Cero covid en China en medio de ola de Ómicron

China, aferrada a una estricta política de “cero covid”, lleva más de tres meses lidiando con rebrotes de la variante Ómicron.

El caso más serio puede ser ilustrado por el confinamiento de la megalópolis de Shanghái (26 millones de habitantes) durante más de dos meses.

En Pekín continúan los test masivos, las restricciones y también los correctivos administrativos, como los que se le aplicaron esta semana a varias personas por negarse a escanear códigos QR de salud o por tomar el transporte público pese a recibir una notificación de que debían guardar cuarentena en sus domicilios.

Además de incalculables pérdidas económicas y de mantener el país cerrado al exterior durante más de dos años, las duras medidas han provocado en los últimos meses muestras visibles de irritación y descontento en la población, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en mayo que son insostenibles y recomendó un cambio de estrategia.

Los portavoces del Gobierno chino, que destacan la superioridad del régimen comunista para lidiar con la pandemia en comparación con las cifras de fallecidos acumulados en Occidente, tacharon a la OMS de “irresponsable”, alegando que las medidas tomadas han logrado salvar millones de vidas.