Dos condenados a muerte fueron ejecutados este jueves en Japón, con lo que ya son 15 las ejecuciones efectuadas en 2018, tras las de julio de 13 exmiembros de la secta Aum, responsable del atentado mortal con gas sarín en 1995 en el metro de Tokio.

Los condenados eran Keizo Hawamura, de 60 años, y Hiroya Suemori, de 67, por haber estrangulado hasta la muerte al jefe de una empresa de inversiones y a un empleado en 1988, indicó en una rueda de prensa el ministro de Justicia, Takashi Yamashita.

Desde la vuelta al poder de Shinzo Abe en diciembre de 2012, 36 prisioneros han sido ejecutados.

Japón es, junto con Estados Unidos, el único país rico que practica la pena de muerte.

Más de 100 condenados esperan la ejecución de su pena en las cárceles niponas, alrededor de la mitad de ellos desde hace más de diez años, aunque la ley precisa que la pena capital debe ejecutarse seis meses después de que se confirme la sentencia.

“Las ejecuciones en Japón son secretas y en general solo se avisa a los prisioneros unas horas antes, pero no siempre. Sus familias, sus abogados y el público son informados después”, explicó en un informe reciente Amnistía Internacional.

“Varios detenidos con discapacidad mental e intelectual fueron ejecutados o esperan en el corredor de la muerte”, denunció la oenegé.

En julio fueron ejecutados 13 miembros de la secta Aum que, además del atentado con gas sarín en el metro de la capital japonesa en 1995, había perpetrado otros crímenes.