El panorama es desalentador en materia de respeto a los derechos humanos, al menos así lo deja ver Amnistía Internacional en su informe 2017-2018 sobre este país.
En primera instancia, poco o casi nada se sabe sobre reportes periodísticos desde esa nación, denunciando temas de corrupción u otra índole política que afecte a sus ciudadanos. El estado de la libertad de prensa es una materia reprobada para la organización que vigila el cumplimiento de los derechos humanos a nivel mundial.
“El gobierno siguió hostigando, deteniendo y enjuiciando a personas críticas mediante el uso de legislación restrictiva, como la Ley contra la Sedición y la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia. Más de 60 personas fueron detenidas, acusadas o encarceladas en aplicación de una serie de leyes”. Amnistía Internacional
Libertad de asociación y reunión
Es un apartado que, según Amnistía Internacional, carece de ejercicio en la nación asiática. Practicamente, activistas y parlamentarios de oposición están amarrados en sus intenciones de realizar protestas pacíficas contra el accionar del gobierno malasio, debido al juicio contra otros legisladores por atreverse a contravenir las reglas.
Leyes para restringir la libertad de expresión han sido aplicadas por décadas, pero vieron un incremento significativo desde 2015, según ha señalado “Human Rights Watch” otra organización que vela por los derechos humanos.
“La libertad de expresión y de asamblea en Malasia está actualmente bajo ataque debido a la existencia de leyes amplias y vagas que el Gobierno puede utilizar para arrestar, investigar y enviar a prisión a sus críticos”. Human Rights Watch y su informe publicado a finales de 2015.
Detención y reclusiones arbitrarias: el delito de portar libros “sospechosos”
Este apartado se ampara en una ley malasia que intenta evitar actos de terrorismo, pero el extremo radicaría, a partir del reporte de Amnistía internacional, en la detención de un local que tenía en su poder 12 libros que para la justicia de ese país tenían conexión extremista.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que el contenido de estos no está asociado con lo perseguido a través de la Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales)— para detener, juzgar y encarcelar a presuntos responsables de crímenes contra la seguridad.
Pena de muerte en Malasia
El diágnostico de Amnistía Internacional es claro: “Siguió aplicándose la pena de muerte preceptiva por delitos como los de tráfico de drogas, asesinato y disparo de armas de fuego con la intención de matar o herir en ciertas circunstancias. También continuaron las ejecuciones a lo largo del año, sin que hubiera aún ningún procedimiento específico para la notificación de las ejecuciones previstas”.
Una aparente “concesión” vino en 2017 cuando el parlamento dio paso a una reforma que sustituía la pena de muerte contra implicados en tráfico de droga, por 15 latigazos como pena preceptiva. Los que colaboraran con la justicia podrían ampararse a esta medida sustitutiva.
Sin embargo, hay dos hermanos mexicanos, originarios de Sinaloa, que fueron descubiertos en una fábrica de Malasia donde presuntamente se fabricaban metanfetaminas. Fueron condenados a la horca en 2012 pero su familia no sabe nada de alguna medida sustitutiva a su caso, pese a las constantes apelaciones presentadas por sus abogados. Únicamente saben que serán notificados de la ejecución 24 horas antes de esta.
Se han declarado inocentes en todo momento, argumentando que su actividad estaba ligada a la limpieza de la fábrica.
Torturas y accionar de las fuerzas de seguridad
Los azotes en público, forman parte de la legislación malasia sin que exactamente se brinden detalles de la aplicación de este “castigo ejemplar” impuesto desde 2002.
“En julio, la asamblea del estado de Kelantan aprobó una reforma de la Ley de Procedimiento Penal Islámico de 2002, que permitía azotar con vara en público a los delincuentes. Ni el Código Penal Islámico de ese estado ni el Código Penal de Malasia definían de manera adecuada la tortura ni la prohibían”.
Entre tanto, la policía y sus procedimientos de captura e interrogatorios, tienen un apartado especial en el informe de Amnistía Internacional. Testigos han brindado información de al menos 5 muertes a manos de las fuerzas de seguridad en medio de interrogatorios o detenciones.
“Entre ellas la de S. Balamurugan”, dice el informe de AI “quien, según el relato de sus compañeros de celda, había sido golpeado por la policía durante el interrogatorio”.
Los ojos de Chile en tanto, están situados en el juicio que se avecina contra dos connacionales que se vieron envueltos en una pelea contra un ciudadano malasio, quien falleció en circunstancias aún no esclarecidas desde ese país, pero que aún así representa un tremendo riesgo no solo para su seguridad jurídica, sino para su vida.
