El envío al Congreso del proyecto de ley de aborto legal en Chile, una de las iniciativas más postergadas de los últimos tiempos pero empujada por el gobierno de Gabriel Boric, recordó al intrincado camino hasta 2020 que atravesó la consagración de este derecho para las mujeres en Argentina, tercer país de Latinoamérica en legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tras Cuba y Uruguay.

En Chile, el aborto es considerado un delito por el Código Penal desde 1874, pero con el correr de las décadas sumó excepciones como salvar la vida de la madre, causales de violación e invialidad del feto, todas promulgadas con la despenalización desde 2017.

En la última década, ante la falta de apoyo en el Congreso y otras prioridades en el camino, se dilataron las iniciativas parlamentarias para legalizar una práctica que en la clandestinidad se lleva entre 30.000 y 150.000 vidas de mujeres cada año, según datos citados por El País y brindados por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP).

Un siglo de debate en Argentina para legalizar un derecho para las mujeres

En el caso de Argentina, un país también con fuerte presión eclesiástica pero con avanzada progresista en normativas como el matrimonio igualitario (2010) y la identidad de género (2012), el debate del aborto tomó notoriedad social desde 2004, cuando el Encuentro Nacional de Mujeres lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito con un lema que se hizo popular entre las mujeres al correr los años: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

El aborto estaba penalizado desde 1921, cuando el artículo 86 del CP argentino estableció penas de uno a cuatro años para la mujer que se provocara su propio aborto o consintiera que otro se lo realizara. Tuvieron que pasar 91 años hasta que la Corte Suprema de Justicia atendiera el caso de una joven de 15 años, violada por su padrastro en Chubut, que abortó en la semana 20 de su embarazo.

Como hasta entonces se interpretaba que la excepción era para una mujer considerada “demente” -que se prestaba a la comprensión de sólo en caso de una discapacidad-, el máximo tribunal determinó, en el llamado “fallo FAL”, que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar el salud mental de la mujer, no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo, y encargó a la Nación y las provincias a implementar protocolos hospitalarios para atender los abortos no punibles.

A mediados de la década de 2010, al calor de otros reclamos como #NiUnaMenos, la marea verde -por el pañuelo insignia del aborto legal- empezó a poblar las calles y a visibilizar una problemática aún considerada tabú en algunos sectores. No hubo almuerzo familiar, reunión de amigos o debate laboral en el que la problemática, a favor (verde) o en contra (celeste), ganara protagonismo.

En 2018, el proyecto de ley fue incluido en la agenda parlamentaria dictada por el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). Si bien por mayoría la Cámara de Diputados aprobó el aborto legal, en el Senado quedó rechazado con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones en agosto de ese año.

Hubo que esperar hasta diciembre de 2020 para que el entonces presidente Alberto Fernández (Frente de Todos) enviara otro proyecto de ley al Congreso trasandino, con algunos cambios en el texto para facilitar el acuerdo parlamentario y reducir los rechazos.

El debate había tomado tanta trascendencia que no hubo ámbito donde el merchandising de los pañuelos (verde vs. celeste) le diera color a una mochila o el termo de un mate. Estudiantes universitarios promovían campañas de concientización sobre la clandestinidad de la práctica y las muertes de las mujeres ante la falta de contención desde el Estado. Del otro lado, especialmente desde las iglesias evangélicas y católicas, no faltaban pancartas que tildaban de “asesinato” a la decisión de una mujer sobre su cuerpo.

Con una cobertura histórica en televisión y redes sociales, la sesión legislativa por el aborto legal se extendió por casi 20 horas entre el 29 y 30 de diciembre de 2020. De hecho, hasta algunos medios la bautizaron como el “Abortopalooza”, mientras las imágenes mostraban a senadores entre barbijos derivados del Covid-19, videollamadas y protocolos de aislamiento.

La discusión, en un país como Argentina donde lo bizarro parece no tener límite, tuvo postales virales e inolvidables para toda una generación. Por ejemplo, en contra de la ley, hubo maquetas de fetos gigantes por las calles, confesionarios montados al lado de baños químicos y hasta un senador que comparó al aborto con el plan del villano Thanos en la saga de Marvel.

Finalmente, el aborto fue ley con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Al mes siguiente, en enero de 2021, el presidente Fernández promulgó la Ley N° 27.610 de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, junto con la Ley N° 27.611 de atención integral durante el embarazo y la primera infancia. Entonces, declaró a la prensa: “Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”. Cuatro años después, fue acusado de violencia género por su expareja Fabiola Yáñez.

Qué dice la ley argentina del aborto: las cifras

Desde que el Congreso argentino aprobó el aborto legal, más de 280 mil mujeres y personas con capacidad de gestar accedieron a una práctica segura, legal y gratuita en el sistema público de salud e implicó un cambio histórico en materia de derechos reproductivos y autonomía corporal.

Según la ley argentina, la práctica está contemplada hasta la semana 14 inclusive del embarazo, tal como proponen en Chile. Después de ese plazo, la persona gestante sólo tiene acceso al derecho en causales de violencia o riesgo de vida.

Se deben respetar los principios de confidencialidad, privacidad, trato digno, autonomía de la voluntad, acceso a la información, calidad y equidad. Además, el consentimiento informado es requisito indispensable. En el caso de adolescentes de entre 13 y 16 años, pueden acceder al procedimiento por sí solas si comprenden el alcance de la decisión.

El sistema de salud -ya sea público, de obras sociales o privado- no puede negar la atención, y si bien se admite la objeción de conciencia individual de los profesionales, las instituciones están obligadas a garantizar la derivación inmediata y el cumplimiento del derecho.

Según datos del Ministerio de Salud, 107.505 interrupciones legales y voluntarias del embarazo se realizaron en 2023. Sumadas a las de 2021 y 2022, se contabilizan más de 283 mil prácticas en el sistema público. La cifra no contempla procedimientos realizados en obras sociales ni en prepagas, por lo que el número real podría ser mayor.

A pesar de mejoras en términos de salud pública, reducción de abortos inseguros y muertes evitables, su implementación no logró revertir un patrón que persiste en las regiones más postergadas del país, especialmente las del norte argentinos: la desigualdad territorial y económica sigue marcando el destino de muchas mujeres y personas gestantes.

Milei le echó la culpa al aborto por la baja natalidad, que cae hace muchos años antes

Si bien el actual gobierno expresó su rechazo a la norma, aún no avanza formalmente en proyectos para derogar el aborto legal.

El tema volvió a la agenda pública por el presidente Javier Milei, quien durante su discurso del 20 de mayo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham), atribuyó la baja en la tasa de natalidad en Argentina a la ley del aborto: “Ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, en atacar a las dos vidas. Y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad”. No obstante, la caída había empezado muchos años antes, y dista de ser un fenómeno meramente nacional.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) expuso que la probabilidad de morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto está profundamente atada a las condiciones socioeconómicas.

A nivel nacional, la tasa de mortalidad materna -definida por la OMS como “la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes al final del embarazo- es de 4,1. En muchos casos, las muertes se deben a complicaciones obstétricas, falta de atención oportuna, tratamientos inadecuados o condiciones preexistentes no controladas.

Va de la mano con el factor socioeconómico e índices de pobreza. Así, en 2022, la provincia norteña de Santiago del Estero registró 8,6 muertes maternas cada 10.000 nacidos vivos, y la de Chaco, 8,3. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registró sólo 1,2, y la patagónica Neuquén, 1,3.

Al analizar las últimas décadas, la mortalidad infantil, por su parte, bajó de 13,3 a 8,4 por mil nacidos vivos entre 2005 y 2022, pero se estancó desde 2018, con mayores tasas en provincias con, justamente, altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas como Formosa, Salta y Santiago del Estero.

Más allá de lo legal, la maternidad en la Argentina también es una cuestión económica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en abril de 2025 se necesitaban AR $410.524 (366 dólares) por mes para criar a un niño menor de un año, y $487.826 (435 dólares) para un niño de entre 1 y 3 años, contemplando gastos de bienes, servicios y cuidados. En ese mismo mes, el salario mínimo era de AR $302.600 (270 dólares).

El panorama evidencia la postergación o renuncia a la maternidad, que no sólo responde a decisiones personales o proyectos de vida, sino también a una respuesta racional a la crisis y la falta de garantías económicas.

También se suma el descenso sostenido de la fecundidad: entre 1980 y 2020, la tasa general de fecundidad cayó un 54,9%, antes incluso de la legalización del aborto, según un informe de la Dirección Nacional de Población del Renaper. Es una tendencia que replica el comportamiento global, sobre todo en países con mayor urbanización y acceso a derechos.

“Los países desarrollados fueron pioneros en la caída de las tasas de fecundidad desde finales del siglo XIX. Este descenso se acentuó en la década de 1930, incrementándose nuevamente la fecundidad en la posguerra hasta estabilizarse en niveles moderados entre 1950 y 1960″, agregó el gobierno argentino en su análisis.

“Los países en vías de desarrollo registraban altas tasas (de fecundidad) en la década de 1950 y comenzaron la transición de manera heterogénea en la segunda mitad del siglo XX. En el caso de Argentina, la transición fue más temprana con marcados descensos desde 1914, aunque se estancó hacia 1947”, señaló.

De allí se explica que, para el año 2000, la mayoría de países ya mostraban bajas tasas de fecundidad. En la actualidad, casi todas las regiones se sitúan por debajo del reemplazo generacional, exceptuando África Subsahariana y Medio Oriente.

La deuda ya no es con las que no podían decidir. Ahora, es con las mujeres que no pueden vivir dignamente su maternidad.