El fiscal argentino, Eduardo Taiano, solicitó este viernes a las principales compañías de telefonía móvil que informen sobre las líneas registradas a nombre del presidente, Javier Milei, y otros implicados en la causa $LIBRA, una investigación por presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda homónima.
Taiano requirió a las compañías celulares AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen las titularidades -desde enero de 2025- de las líneas correspondientes a Milei, su hermana y secreataria general de la Presidencia, Karina Milei, y los imputados Mauricio Novelli, empresario vinculado al mundo cripto; Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores; y Manuel Terrones Godoy, uno de los socios fundadores del foro Tech Forum.
La solicitud fue realizada a requerimiento de uno de los denunciantes, Martín Romeo, con la intención de entrecruzar llamadas que permitan reconstruir la preparación y promoción de la criptomoneda.
Sigue la investigación por la criptomoneda $LIBRA
Tras una publicación de Milei en redes sociales el pasado 14 de febrero en la que promocionó el lanzamiento de $LIBRA, la divisa se disparó e infló su precio hasta que los inversores mayoritarios se retiraron con ganancias millonarias, lo que generó a continuación el colapso de su valor y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación.
Según la consultora Nansen, el fallido lanzamiento causó pérdidas por US$251 millones a miles de inversores en todo el mundo, muchos de los cuales acudieron a tribunales en Argentina, Estados Unidos y España.
En paralelo con la solicitud del fiscal Taiano, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la participación de los damnificados como querellantes, rechazando un recurso de los imputados Novelli y Terrones Godoy. La jueza María Servini, por su parte, dispuso la inhibición de bienes por 90 días para ambos, así como también para Morales.
Además de la investigación en Argentina, avanza otra en Estados Unidos, mientras que algunos de los damnificados han presentado denuncias en otros países, incluido España.
Por otro lado, el Parlamento argentino aprobó el pasado 8 de abril la creación de una comisión que investigue el caso.
Pese a esto, el Gobierno argentino disolvió la semana pasada la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para colaborar con la justicia. Según el decreto firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la tarea de la UTI “fue cumplimentada”.