En los países del Triángulo Norte de Centroamérica, la fórmula utilizada es impedir, cooptar o expulsar a quienes investigan. La lucha contra la corrupción va en retroceso, dicen expertos. Análisis en nuestro medio asociado Deutsche Welle.

“Las dificultades de la lucha contra la corrupción en Guatemala empiezan con la asfixia financiera de mi equipo. Esto, por parte del mismo Congreso que me eligió”, aseveró Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.

El abogado de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue elegido en 2017, pero desde la llegada del presidente Alejandro Giammattei al poder, “la lucha contra la corrupción va en franco retroceso en mi país”, lamentó Rodas.

“El legislativo buscó impedir nuestro trabajo de control de la corrupción y respeto de los derechos humanos por todos los medios”, agregó.

“He enfrentado 15 antejuicios, ninguno ha encontrado evidencias para abrir procesos. Superé cinco solicitudes de remoción, ninguna ha prosperado. No podemos llegar a todas partes porque debido a la negación de entrega de recursos nuestros autos no tienen repuestos”, narró Rodas Andrade.

Finalmente, concluyó diciendo que “sin una Justicia independiente, defender los derechos humanos y luchar contra la corrupción en Guatemala, es cuesta arriba”.

El destituido fiscal contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, abandonó el país para “resguardar su vida”. Esto, tras denunciar que le obstaculizaron investigar al presidente Alejandro Giammattei.

Jordán Rodas, también presidente de la Asociación Interamericana de Ombusman (FIO), acompañó a Sandoval a la frontera con El Salvador. Pidió la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras.

Lo anterior, por “impedir” que las investigaciones de Sandoval llegaran al núcleo de la corrupción política y económica en el país.

“En Guatemala estamos en medio de un proceso de cooptación del Estado”, denunció Rodas.

“Siempre es igual. Sea en Guatemala, Honduras o El Salvador, cuando las investigaciones se acercan al núcleo de poder político. El Ejecutivo de turno busca desmantelar a las instituciones de control para evitar que se continúe”, dijo Ruth López Alfaro, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

“Gobierno corruptor”

Basada justo en casos en estos tres países del norte de Centroamérica, López Alfaro destaca que “un Gobierno no solo puede ser corrupto, sino corruptor”.

Así, los corruptos paralizan, eliminan o expulsan a las instituciones de control, sean nacionales o internacionales. Esto, para evitar que sus investigaciones lleguen hasta la raíz del mal.

“En El Salvador hemos visto cómo el Gobierno le ha apostado a la opacidad”.

El país, según la jurista López, logró en la última década una importante institucionalidad. Lo anterior, con la labor del Instituto Nacional de Información Pública.

Esto, además de una garantía del derecho ciudadano a la información, base para la libertad de prensa y de expresión.

“Pero desde el 1° de junio de 2019, con la llegada de Nayib Bukele al poder, se han empezado a hacer reservas de la información, que realmente es pública”, respondió la jurista salvadoreña.

“Su actitud va contravía a su discurso público”, afirmó la jefa jurídica de Cristosal, y afirma que la verdadera intención de Bukele es “quebrar cualquier sistema de oposición a su deseo de mantenerse en el poder”.

Esto, a pesar de que la Constitución de El Salvador no permite la reelección inmediata. Un equipo liderado por el vicepresidente salvadoreño propondrá la reforma de 196 de los 272 artículos de la actual Carta Magna.