La presidenta del Tribunal Supremo de Guyana, Roxane George, anuló este jueves la orden de deportación otorgada por un magistrado municipal contra un grupo de ciudadanos haitianos que fueron detenidos en territorio del país suramericano.

George dictaminó que hubo una violación de la ley con la orden de deportación, ya que los haitianos nunca fueron llevados ante un tribunal para que atendiera el caso.

Determinó que tampoco se respetó su derecho a la libre circulación por el territorio de Guayana al ordenarse la deportación por parte del juez municipal.

Antes de emitir su fallo, la presidenta del Tribunal Supremo también desestimó una solicitud presentada ante esa corte por el fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, quien buscaba que el caso quedara sin efecto.

Aunque el fiscal general trató de que la presidente del Tribunal Supremo le concediera tiempo para hacer presentaciones por escrito, George dijo que no estaba permitido.

El fallo ha puesto fin a un incidente que algunos medios locales y analistas consideran como vergonzoso para el Gobierno de Guyana.

El Gobierno, a través de las fuerzas policiales, detuvo a 26 ciudadanos del país caribeño en noviembre después de su llegada a Guyana, donde el Departamento de Inmigración les permitió la entrada legal.

El Gobierno dijo inicialmente que los haitianos estaban detenidos como presuntas víctimas de trata de personas.

Pero cuando los haitianos hablaron en las redes sociales, dejando en claro que nunca fueron víctimas de trata de personas, el Gobierno pasó el asunto a los juzgados y obtuvo una orden de deportación.

Esa orden quedó en suspenso cuando el abogado Darren Wade hizo una solicitud para anularla en nombre de la Asociación Haitiana en Guyana.

Wade dijo este jueves que está satisfecho con el fallo de la presidenta del Tribunal Supremo y que confirma lo que siempre ha sostenido, de que en este caso se violaron los derechos de los haitianos.

Los funcionarios de la corte dijeron que varios de los haitianos que estuvieron detenidos durante más de tres semanas han indicado su intención de presentar demandas civiles contra el Estado de Guyana.