En Honduras, el Congreso aprobó una ley que blinda la prohibición del aborto y del matrimonio homosexual, endureciendo las condiciones para reformar la Constitución en esos dos puntos.

Antes se requería el apoyo de dos tercios del congreso hondureño para legalizar el aborto o el matrimonio homosexual. Una vez aprobada esta reforma se necesitará el voto de tres cuartas partes de la cámara.

El vicepresidente del congreso, Mario Pérez, que introdujo este proyecto de ley, define el texto como un candado constitucional. Pérez es miembro del oficialista Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández.

Con esta reforma, “lo que hicieron fue elevar a pétreo el artículo del aborto porque nunca se va a poder reformar si se necesitan 96 votos” de los 128 que tiene el Congreso, dijo a la Agence France-Presse la diputada opositora, Doris Gutiérrez.

Grupos feministas han realizado movilizaciones públicas para exigir al Congreso que permita el aborto en algunos casos, como en violaciones.

Honduras tiene una de las legislaciones antiaborto más duras del mundo. No se contempla ninguna excepción, ni en caso de violación, malformación o de riesgo para la vida de la mujer embarazada. Se prevén penas de prisión de hasta seis años para quien interrumpa voluntariamente su embarazo, aunque los jueces suelen permutarlas por multas o trabajo comunitario.

El país además tiene una de las tasas más alta de embarazos adolescentes en América Latina: uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, según la ONU.

Bajo ninguna circunstancia

Con esto, Honduras se consolida en el reducido grupo de seis países de la región que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y que completan El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.

En El Salvador, está penalizado totalmente y la legislación local establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique una interrupción del embarazo, aunque se han dado casos en los que la condena ha sido de 40 años, al ser considerado un homicidio.

La interrupción del embarazo también se castiga desde 2006 en Nicaragua, a lo que se sumó la aprobación en 2017 por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento) de las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.

En República Dominicana, las posturas divergentes de los diputados dominicanos sobre el aborto, que está prohibido en el país, frustraron la aprobación de un nuevo Código Penal que lleva años discutiéndose.

Así, en agosto del año pasado, la Cámara de Diputados decidió que el asunto quede fuera del Código Penal y que se debata como una ley aparte más adelante y envió a una comisión especial un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres supuestos: riesgo para la vida de la mujer, cuando es inviable o cuando es resultado de violación o incesto.

Haití y Surinam son los otros dos países que completan la lista donde la prohibición del aborto es total.