Luego de la exitosa reestructuración de unos 66.000 millones de dólares en deuda con acreedores externos, Argentina enfrenta ahora el desafío de recomponer su economía y generar la confianza que le permita regresar a los mercados de crédito, estimaron analistas.

Con un largo historial de defaults, Argentina se anotó una importante victoria al lograr una adhesión de 93,5% a su oferta para el canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera, que mediante las cláusulas de acción colectiva que hacen extensivo el canje a acreedores que no adhirieron, se tradujo en una reestructuración de 99% de ese pasivo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, calculó el alivio logrado en unos 37.700 millones de dólares. Esto gracias a la reducción de los intereses y la extensión en los plazos de pago.

“Salimos del laberinto. No queríamos condenar a la postración a ningún argentino más”, celebró el presidente de centro-izquierda Alberto Fernández, al considerar este acuerdo como sustentable para su país, sumido en una profunda crisis económica.

Las mismas condiciones acordadas con los acreedores externos se aplicarán ahora a la deuda emitida bajo legislación nacional, de unos 41.700 millones de dólares.

Sin embargo, la deuda argentina seguirá siendo elevada y tendrá que pagarse.

“La capacidad de pago va a depender de la confianza que generen las políticas macroeconómicas”, consideró Gabriel Torres, analista de la calificadora de riesgo Moody’s.

“El problema no es meramente de cantidad de deuda, sino que Argentina no tiene acceso al mercado. No tiene un mercado de deuda propio y por eso ha tenido que acudir a los mercados internacionales”, dijo Torres en una videoconferencia este martes.

Credibilidad

Los economistas destacan que la deuda solo podrá pagarse con nueva emisión de deuda. “Ningún país paga su deuda con recaudación de impuestos”, destacó Torres.

Además, aún tomando en cuenta esta reestructuración, la deuda pública argentina seguirá representando en los próximos años cerca de 100% del Producto Interno Bruto, un porcentaje mucho mayor al 60% que el Fondo Monetario Internacional estableció como un nivel sostenible, según la firma Capital Economics.

“Llegado el momento, se va a pagar la deuda con nueva deuda. Por eso hay que generar las condiciones de credibilidad para que nos vuelvan a prestar. Ese es el punto clave”, dijo a la AFP el economista Matías Rajnerman, de la consultora Ecolatina.

Próxima estación: FMI

El próximo paso para el gobierno de Fernández será negociar un nuevo programa crediticio con el FMI, organismo al que Argentina adeuda unos 44.000 millones de dólares de un acuerdo stand-by por 57.000 millones suscrito en 2018.

Las conversaciones fueron lanzadas formalmente hace una semana. “En breve espero que despejemos el obstáculo que es la deuda con el FMI”, dijo Fernández el lunes.

Argentina, en recesión desde 2018 y cuya economía sufrirá una mayor contracción este año por la pandemia del covid-19, necesita postergar los pagos al FMI.

Los vencimientos de esos 44.000 millones de dólares comienzan en septiembre de 2021 y se concentran en un periodo de tan solo dos años.

“Pienso que la negociación con el FMI será manejable. Esos vencimientos Argentina no los puede pagar, con lo cual se van a refinanciar sin dudas”, opinó la economista Marina Dal Poggeto, de la consultora EcoGo.

La deuda reestructurada presenta sus primeros vencimientos a partir de julio de 2021, aunque hasta 2024 los montos a pagar serán relativamente bajos, de unos 1.200 millones de dólares anuales.

“El FMI, además de reprogramar los vencimientos, debería ser alguien que ayude a dar una programación de certeza respecto a la dinámica de consolidación fiscal”, dijo Dal Poggetto a la AFP.

El gobierno proyecta para 2021 un déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) de 4,5% del Producto Interno Bruto. Este año se calcula que alcanzará 7%.

“Se necesita una señal de consolidación fiscal. El punto es cómo se da esa señal cuando se tiene en simultáneo que achicar la presión fiscal para que la economía pueda crecer y reducir el gasto en un contexto en el que los niveles de pobreza (cerca de 40%) son muy altos y el desempleo (más de 10%) está subiendo”, reflexionó.