Unos 5.500 millones de dólares fueron retirados por trabajadores peruanos de los fondos privados de pensiones, en un proceso que culmina este viernes y autorizado excepcionalmente por la crisis económica causada por la pandemia.

Una ley aprobada por el Congreso peruano el 30 de abril permite a los 6 millones de afiliados al sistema de pensiones retirar de forma “voluntaria y extraordinaria” hasta el 25% de sus fondos acumulados, con un máximo de 3.700 dólares por persona.

Una cuarentena nacional de más de 100 días, levantada el 1 de julio, dejó sin ingresos a cuatro de cada 10 peruanos, según la consultora Ipsos, en una nación con una economía dinámica pero con 70% de informalidad.

El proceso para sacar el dinero comenzó el 18 de mayo. “Alrededor de 3,7 millones de afiliados solicitaron el retiro” y cada uno recibió en promedio 1.470 dólares, según la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones.

“Necesitaba el dinero para ayudar en la casa, porque dejé de trabajar hace más de una año. Fue directo a la alimentación, porque mi esposo no trabajaba por la pandemia”, explicó a la AFP Ivonne Correa, de 35 años y embarazada.

Diferente a Chile

La medida era una demanda popular que el Congreso peruano convirtió en ley, en medio de la resistencia del gobierno de Martín Vizcarra, que temía un impacto negativo en las futuras jubilaciones.

Sin embargo, Vizcarra no intentó frenar la iniciativa, por lo que el proyecto avanzó sin controversias, a diferencia de lo ocurrido en Chile, de donde fue copiado el modelo de pensiones peruano.

En nuestro país, la iniciativa de legisladores de la oposición de centroizquierda para retirar el 10% de los fondos de pensiones causó convulsiones políticas. Hubo masivos cacerolazos de protesta ante la resistencia del gobierno, pues más del 80% de los chilenos apoyaba la idea, según sondeos.

La ley finalmente fue aprobada el 23 de julio por abrumadora mayoría en el Congreso, con divisiones en la alianza derechista del presidente Sebastián Piñera, lo que derivó en una reestructuración del gabinete ministerial.

En Perú, las solicitudes de retiro se recibieron a través de una plataforma digital única para todos los afiliados a las cuatro administradoras de fondos de pensiones del país.

El dinero fue transferido a cuentas bancarias, en dos pagos, con un mes de diferencia entre sí.

La plataforma digital creada especialmente para este propósito deja de operar este viernes, poniendo fin al proceso.

“Reducirá la pensión”

Las autoridades estimaban que el monto global que sería retirado bordearía los 8.000 millones de dólares, pero finalmente fue de 5.500 millones de dólares, según la Asociación de Administradoras.

“Decidí retirar los fondos para mis tratamientos médicos y pagar la mensualidad de mi hija Milagros, que se encuentra estudiando en Argentina”, dijo a la AFP Luis Zacarías, de 58 años, camarógrafo de televisión.

El economista Jorge González Izquierdo explicó a la AFP que la medida “en el corto plazo impulsará el consumo del sector privado y servirá de un pequeño estímulo a la economía”, pero tendrá “efectos perniciosos a largo plazo, porque reducirá la pensión de los trabajadores cuando se jubilen”.

Para evitar impactos negativos, el gobierno acordó con el Banco Central de Reserva que comprara bonos en dólares en poder de las administradoras y les pagara con soles, que serían retirados por los afiliados.

Esto permitiría reducir la “volatilidad del tipo de cambio” y que “tampoco sea tan afectado el fondo de pensiones”, dijo el presidente del Banco, Julio Velarde.

En efecto, el precio del dólar se ha mantenido estable y los fondos han ido recuperando valor, tras caer a inicios de la pandemia.

La ley del retiro se sumó a otra norma dictada previamente que autorizó el retiro de hasta 570 dólares de cada afiliado a los fondos sin aportes en el último año.

Además, el gobierno ha concedido dos bonos de 220 dólares a 6,8 millones de familias sin ingresos por el confinamiento.

Con 33 millones de habitantes, Perú registra más de 407.000 casos de coronavirus, con 19.000 muertos. Es el tercer país de América Latina con más contagios y decesos detrás de Brasil y México