Dos altos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) fueron procesados este lunes por admnistración fraudulenta por supuestas irregularidades en la concesión de peajes de autopistas urbanas en Argentina, en la que dos exministros fueron citados a indagatoria.
El juez Rodolfo Canicoba Corral procesó al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel y los embargó por 500 millones de pesos (más de 5 mil millones de pesos chilenos). En 2018, Iguacel dejó ese cargo para ocupar el ministerio de Energía y desde diciembre del año pasado es alcalde de la ciudad de Capitán Sarmiento (150 km al norte de Buenos Aires).
Ambos funcionarios se habían negado a declarar la semana pasada y recusaron al juez, quien este lunes rechazó la recusación y los procesó sin prisión preventiva, informó una fuente judicial a la Agence France-Presse.
El magistrado citó además a indagatoria a los exministros Guillermo Dietrich (transporte), para el viernes próximo, y Nicolás Dujovne (Hacienda), para el lunes 27 de julio.
Están imputados, además, los empresarios responsables de Autopistas del Sol (Ausol) S.A. y Grupo Concesionario Oeste, sin fecha aún para la indagatoria.
Canicoba Corral investiga presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste.
Según el escrito, las pruebas recolectadas son suficientes para sospechar de “que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso”.
La causa investiga la prórroga por 10 años de las concesiones a las empresas de peaje, sin llamar a nuevas licitaciones. Además el pago por parte del Estado a las empresas concesionarias de un monto de al menos 500 millones de dólares como supuesta compensación de inversiones de Ausol y otros 300 millones a Concesionaria Oeste.
Según el juez, el pago se hizo “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”.
Según la denuncia, la empresa Ausol presentó una demanda contra Argentina por 1.100 millones de dólares ante el CIADI el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Macri. Pese a que no habían pasado antes por la justicia argentina, el gobierno de Macri negoció con las empresas y pagó unos 500 millones de dólares.
Se investiga además la venta de acciones que tenía Macri en Ausol a Natal inversiones, a un precio 400% más alto que lo que valían antes de diciembre 2015.
