Este martes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó que suspendió a la actual Dirección Nacional de Voluntad Popular, el partido del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado del país petrolero.

Según informó el mismo organismo, su Sala Constitucional decretó la medida cautelar de “tutela constitucional”, que consiste en suspender la directiva de dicha tienda política.

En su lugar, nombró una “junta directiva ad hoc” encabezada por un adversario de Guaidó, José Gregorio Noriega,

Junto a Guillermo Antonio Luces Osorio, quien asumirá como secretario general, Lucila Ángela Pacheco Bravo, secretaria de organización, cumplirán “las funciones directivas y de representación de Voluntad Popular, así como la designación de autoridades regionales, municipales y locales”, indicó el tribunal.

A meses de las elecciones

Ya el TSJ, el 15 y el 16 de junio, tomó medidas similares contra otros dos de los principales partidos opositores, Acción Democrática (socialdemócrata) y Primero Justicia (centro).

Ello, en camino a las elecciones convocadas para el próximo 6 de diciembre para renovar el Parlamento, único poder controlado por la oposición en Venezuela, que serán boicoteadas por los principales partidos que adversan al gobierno socialista de Nicolás Maduro.

La directiva ad hoc, según el fallo, “podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de Voluntad Popular”.

Desde la jefatura de la unicameral Asamblea Nacional, Guaidó reclamó la presidencia interina de Venezuela en enero de 2019 con respaldo de Estados Unidos, después de que la mayoría opositora de la cámara declarara “usurpador” a Maduro acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente.

Noriega es aliado de Luis Parra, un legislador que rompió con Guaidó después de haber sido acusado de corrupción vinculada con un programa de alimentación del gobierno de Maduro y se proclamó presidente del congreso en enero pasado, con apoyo del chavismo, en paralelo a la reelección del dirigente opositor.

Once partidos políticos opositores, incluyendo Voluntad Popular, Acción Democrática y Primero Justicia, han anunciado un boicot contra las votaciones legislativas al calificarlas de “farsa”. Esto, en reacción a la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del TSJ, que declaró una “omisión” del Parlamento en su atribución de elegir autoridades comiciales.