A más de un mes del aislamiento social, preventivo y obligatorio declarado por el Gobierno argentino, los dos primeros casos de coronavirus confirmados en el Barrio Padre Carlos Mugica, ex Villa 31 y 31 bis, pusieron en alerta a vecinos y a organizaciones de todas las villas y asentamientos de emergencia.

La situación de la primera enferma de 43 años, que vivía en una casilla con sus padres, ambos adultos mayores y pacientes de riesgo, y compartía la vivienda con otras tres familias, puso de manifiesto una escena de temor que se repite en muchos otros barrios populares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Según el testimonio que dio la primera paciente a la organización “La Garganta Poderosa”, la mujer que se contagió de coronavirus compartía el baño con trece personas, que actualmente se encuentran aisladas. Tanto esta mujer, como el nuevo caso que fue confirmado el miércoles 22, sufren de asma.

El segundo contagio se trata de una mujer de 36 años, que se contagió tras tener contacto estrecho con el primer caso. Ambas personas fueron atendidas en el CeSAC N° 21 del barrio popular, que es el que centraliza los casos posibles de Covid-19.

El hacinamiento crítico general aumenta el panorama de temor en las villas, por lo cual, las agrupaciones sociales presentes solicitan más presencia del Estado, mientras que los principales actores públicos afrontan la coyuntura con asistencia en las escuelas, campañas informativas y acciones de las Fuerzas Armadas.

Para dar cuenta de esta difícil realidad, el Equipo de Investigación de Perfil Educación se metió en los pasillos de las villas porteñas y bonaerenses para reflejar la dura radiografía que atravisan estos barrios en la cuarentena.

El hacinamiento que expone el testimonio del primer caso confirmado de Covid-19 es característico de las villas urbanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Según el último relevamiento del Observatorio Villero de “La Garganta Poderosa”, el panorama es aún más grave que en la Provincia de Buenos Aires (PBA), ya que en cada casilla de la ciudad viven entre cuatro y diez personas.

Natalia Molina, vecina de la Villa 21.24 y militante de la Corriente Villera Independiente, afirmó al Equipo de Investigación que la falta de urbanización en el barrio no favorece la cuarentena.

“Se comparten baños y cocinas entre seis personas, los pasillos entre casa y casa son de medio metro o un metro y no hay ventilación”, sostuvo Molina ante el Equipo de Investigación. Por eso, se concientiza a los vecinos para que no salgan del barrio, porque aunque la referente de la 21.24 aseguró que “era una enfermedad de ricos”, los representantes de las organizaciones sociales saben que si el virus entra en la villa, atacaría a la población más vulnerable.

En la misma línea, Adela Britos, presidenta de la Junta de Consejeros Vecinales del Barrio Carlos Mugica y vecina del barrio hace treinta años, afirmó en diálogo con el Equipo de Investigación que luego de la confirmación del primer caso, la prioridad es que los habitantes de los barrios tomen conciencia para que la enfermedad no se propague. “Ya sabemos cuales son los síntomas, ya sabemos el problema que le puede generar a la familia y a todo el barrio. Tenemos que estar adentro de nuestras casas”, sostuvo Britos.

En las villas de emergencia en Argentina viven actualmente más de tres millones de personas, según el último relevamiento presentado por la organización TECHO. En PBA se concentra más de la mitad de los asentamientos informales (1.352, el 55% del total), en los que se encuentran el 61% de las familias que viven en el país en condiciones muy precarias para enfrentar la cuarentena: el 95% de las familias no tiene acceso agua corriente y el 98% no cuenta con acceso regular a la red cloacal, según este relevamiento al que accedió el Equipo de Investigación.

Esto se sitúa en un contexto de desigualdad mundial. La ONG global Oxfam contabiliza 735 millones de personas que viven en la pobreza extrema en el mundo. Entre la extrema necesidad y el hacinamiento crítico, el panorama general es de hambre y miedo.

En PBA viven más de dos millones de personas en villas y asentamientos, según el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad del gobierno bonaerense. La demanda de alimentos se fue acrecentando a medida que avanzó la cuarentena, llegando a un aumento del 40%. Por eso, la gestión de Axell Kicillof triplicó el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar(SAE) para llegar a más de 10 mil escuelas públicas cada quince días, además de los 4.500 comedores y puntos de distribución de alimentos a los que presta asistencia en entrega de mercadería.

Fernanda Raverta, ministra de Desarrollo de la Comunidad, detalló al Equipo de Investigación cómo es el trabajo realizado. “Seguimos acompañando a los distintos efectores de nuestro ministerio en los barrios más humildes de la Provincia de Buenos Aires, también en las Unidades de Desarrollo Infantil, las casas de abrigo, y el resto de las iniciativas. Todo lo que tiene a su cargo, el gobierno provincial lo puso en función de esta emergencia sanitaria”, sostuvo Raverta.

A pesar de estas medidas, que se combinan con subsidios como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el aumento a jubilaciones mínimas, la tarjeta AlimentAR y el reciente ingreso para las familias de emergencia, la pobreza y la precariedad son estructurales en la Provincia.

Según el último informe del Indec, 1.315.000 personas viven en estado de hacinamiento crítico en 227.000 hogares argentinos, es decir, a más de 3 personas por cuarto. Además, más de dos millones de personas no tienen baño y 848 mil habitantes tienen que acceder al agua por fuera de la vivienda.

“Las medidas que se tomaron a nivel general son buenas, pero la asistencia alimentaria está tardando demasiado en llegar y no está cubriendo de manera suficiente a todos los barrios”, afirmó Francisco Ferrario, director de Regionales de Techo Argentina, organización que trabaja en 111 asentamientos de emergencia. Ferrario agregó que la coyuntura de crisis golpea doblemente en estos sectores y obliga a las organizaciones a multiplicar su presencia y asistencia.

Algunas organizaciones enfatizan aún más el aumento de la necesidad de alimentos. Según María Nichea, referente de la organización Barrios de Pie en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires, se duplicaron las familias que recurren a los 980 merenderos y comedores de la organización.

En la PBA, Barrios de Pie asiste a 40.000 familias de forma directa y acompaña con las compras de personas factor de riesgo. Sobre el cumplimiento de la cuarentena, Nichea aseguró: “La mayoría de la gente lo toma en serio y está cumpliendo, pero hay personas que por la propia necesidad tienen que salir a buscar trabajo como sea”.

“Lo que esto pone en evidencia es una radiografía de la situación económica. Es el momento de pensar en políticas públicas que den respuesta estructural a esta problemática, no un parche para estos meses”, sostuvo Nicolás Marcioni, integrante de la organización Frente Darío Santillany de la red Movimiento de los Pueblos.

Marcioni coincide en que la demanda de alimentos se duplicó y se triplicó en algunos barrios. Hace dos semanas, la organización de la que forma parte fue invitada a formar parte del Comité de Emergencia Nacional, que en sus primeras dos reuniones de marzo sólo reunió a organizaciones aliadas al gobierno, la Iglesia, algunas ONGs y funcionarios públicos.

En CABA la necesidad presenta una situación similar.Al igual que en la PBA, el hambre es el actor principal en las villas y asentamientos de emergencia. La cantidad de personas que asisten a comedores llegó a duplicarse y triplicarse en algunos casos, según las organizaciones sociales a las que consultó el Equipo de Investigación para este informe.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño ajusta políticas para gestionar los 287 comedores de la Ciudad. “El objetivo es que a nadie le falte un plato de comida durante estos momentos tan difíciles”, declaró la ministra María Migliore en diálogo con elEquipo de Investigación.

Sin embargo, la necesidad urgente parece haber superado la capacidad de la gestión porteña en algunos distritos.”El gobierno de la Ciudad hoy nos entrega 400 raciones y la gente nos pide 700 platos de comida por día”, sostuvo Mónica Ruejas, presidenta de la junta vecinal del barrio “Los Piletones”, de Villa Soldati.

“Los comenderos que asistían a cincuenta personas, hoy asisten a cien. La única mercadería que tienen es la que manda el gobierno, pero hemos vivido situaciones de todos los colores para poder trasladar la comida a los comedores. En muchos casos, si Barrios de Pie no entrega la mercadería, la gente no tiene para comer”, dijo Sebastián Martino, coordinador de la organización “Barrios de Pie” en CABA al Equipo de Investigación.

Desde las escuelas del gobierno de la Ciudad, se organiza la entrega de bolsones de desayuno, refrigerio y almuerzo, pero sólo para los estudiantes que tengan la Beca del Comedor. En los primeros días de abril realizó la primera entrega de 349.220 bolsones a las 1.100 escuelas porteñas. Las viandas y refrigerios por matrícula escolar entregadas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tendrán una periodicidad de quince días.

Según Graciela Duarte, de la Corriente Villera Independiente de la Villa 31, el 2 de abril fue la primera vez que pudo retirar la canasta nutritiva de su hijo de cuatro años. La citaron al Polo Educativo Maria Elena Walsh y esperó más de cuatro horas en una aglomeración para recibir dos litros de leche, cuatro alfajores, dos paquetes de galletitas, unas magdalenas y algunos sobres de té, lo que correspondería sólo al “refrigerio” de la canasta escolar nutritiva.

Aunque vecinos y organizaciones sociales aseguran que el contenido de la canasta varió según la zona de la capital, el gobierno de la Ciudad afirmó que la canasta entregada fue la misma en el norte y en el sur del municipio y que los elementos de la misma corresponden al tipo de beca del estudiante.

La problemática se agrava con la falta de trabajo. La mayoría de las personas que viven en las villas no tienen acceso al empleo formal y viven de “changas” que se cortaron con el aislamiento obligatorio. “La gente no está pudiendo salir a trabajar. Hay muchas jefas de hogar que son empleadas domésticas en casas de clase media y la cuarentena les cortó el sueldo, porque aunque es obligatorio, muchos empleadores no mantienen el pago”, denunció Melisa Correa, referente de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores.

En el barrio Padre Ricciardelli, conocido como Villa 1.11.14 hasta la ley que cambió su nombre en 2019, viven más de cuarenta mil personas, según el censo de 2018 del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Allí ocurrió un episodio de abuso policial en los primeros días de la cuarentena protagonizado por tres gendarmes que hicieron caminar en cuclillas a dos jóvenes.
Tras la difusión del vídeo del hecho se viralizó en redes sociales, la ministra de seguridad, Sabrina Frederic, resolvió separar a los tres agentes de las fuerzas de seguridad. “Quedate en tu barrio” es la adaptación para las villas de la consigna “Quedate en tu casa” que difundió el Gobierno. “Estamos acostumbrados a vivir en cuarentena, es la misma situación que sería en una cárcel”, aseguró el padre Paco Olveira, de la organización “Curas en Unción con los Pobres”. El grupo se reunión con el presidente Alberto Fernández hace tres semanas y expresó su preocupación por el aumento excesivo de precios en los comercios dentro de las villas.

“Los locales cobran un plus de un 10% o 15% por pagar con la tarjeta alimentaria y es una práctica normal pagar más para que te carguen la SUBE o la luz prepagas”, sostuvo Olveira ante el Equipo de Investigación. Y agregó que aunque el Gobierno lanzó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar los cortes de luz por falta de pago, en los barrios populares no se está cumpliendo.

Para los que trabajan en estos barrios, la represión policial era un factor que se suma a la cuarentena. Por eso, la organización “La Garganta Poderosa” comenzó a organizar a los vecinos en comisiones que controlan el accionar policial, registran situaciones de violencia y asisten a las víctimas. Fidel Ruiz, responsable de los “Equipos de Control Popular a las Fuerzas de Seguridad” en CABA, afirmó al Equipo de Investigación que han aumentado las denuncias por ejercicio de violencia y arbitrariedad desde que comenzó la cuarentena.

Al ser consultados por el Equipo de Investigación, desde el Departamento Comunicación Institucional de la Secretaría General del Ejército declararon que no habían recibido denuncias por el accionar de las fuerzas armadas en los barrios más humildes.

Por otra parte, en la Provincia, el Ejército Argentino se ocupa de la producción de elementos de higiene, como barbijos y alcohol en gel, asiste a controles de vacunación y elabora y distribuye alimentos a familias, merenderos y comedores.

En este marco, la desinformación puede ser un gran agravante. Por eso, las organizaciones sociales hacen hincapié en campañas informativas por WhatsApp. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, por su parte, difunde contenidos de prevención de Coronavirus mediante folletería, megáfonos y redes sociales.

En el paquete de información, también comparten alertas sobre el dengue, que está muy presente en los barrios populares. Actualmente, Argentina registra el mayor pico de dengue desde el brote de 2015-2016, donde hubo 76.803 casos y 11 fallecidos por dengue.

En lo que va del 2020 y hasta el 17 de abril fueron notificados 39.573 casos sospechosos de dengue. CABA es la zona más comprometida y triplicó sus casos con respecto a enero de 2019. Según el último Boletín epidemiológico de CABA, en lo que va del 2020 se confirmaron 4.049 casos en la Ciudad. Más del 92% de los casos confirmados no registran antecedentes de viaje, es decir contrajeron dengue directamente de la CABA y no en zonas de riesgos.

Los lugares más afectados por el dengue son, precisamente, donde se encuentran las villas más grandes de la Ciudady la Provincia. Los barrios porteños que presentan la mayor cantidad de casos confirmados son: Flores (23%), Barracas (13%), Villa Lugano (14%), Retiro (4%). Mientras que en la PBA, donde fueron confirmados 947 casos de dengue, las regiones más comprometidas son en el Gran Buenos Aires, municipios como Tres de febrero, Avellaneda, General San Martín, Hurlingam, Quilmes, La Matanza, entre otros, según el Boletín Epidemiológico de la provincia.

“Muchas de las personas que viven en el barrio han tenido dengue una vez, es una situación cotidiana y no hay políticas concretas por parte del gobierno de la ciudad para combatirlo”, destacó Eva Rodriguez, referente de la Red Lugano de la Villa 20. En este barrio, vecinos y organizaciones llevan adelante un reclamo histórico desde hace 34 años para que se inaugure un Hospital. En 2020, los 207 casos confirmados de este barrio se atendieron en los Centros de salud 18 y 43, con escasos recursos.

Por último, los inquilinos de las villas no tienen grandes expectativas de ser contenidos por el DNU presidencial que prohíbe los aumentos y desalojos. Charly Fernández, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) resaltó que en la mayoría de las villas el negocio de inquilinatos, inversores externos a la villa, no está registrado oficialmente, por lo tanto, es casi imposible que se regule.

“Hay dos tipos de alquileres, el de una familia que se hace una piecita que alquila como changa y el de los inversores externos, que arman conventillos modernos y se aprovechan de los pobres”, sostuvo Fernández. En la Villa 31, los complejos ocupan el frente de la villa y tienen hasta cuatro pisos de alto. Esta situación se repite en otras villas urbanas como la Villa 21.24.
Por ello, más de sesenta organizaciones presentearon una carta el jueves 9 de abril al gobierno de la Ciudad para que se garantice el cumplimiento del DNU que prohíbe los desalojos. Jonatan Baldiviezo, director del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), impulsor de esta medida, advirtió al Equipo de Investigación la preocupación por el aumento de desalojos en las villas porteñas. La situación también es crítica en los principales barrios populares del Conurbano bonaerense.

La pandemia de Covid-19 visibiliza las problemáticas sociales más profundas de Argentina. Y la preocupación con la que se vive la cuarentena en los barrios de emergencia en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires es una muestra muy clara de esta crisis.