La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuso este martes al gobierno de México la reinstalación de los expertos que participaron en el caso de los 43 estudiantes de desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, al considerar que los resultados de la investigación hasta ahora “han sido infructuosos”.

En un comunicado, la CIDH informó que el pasado 3 de diciembre envió al gobierno de México la propuesta de reinstalar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Explicó que después de cinco años de la emisión de la medida cautelar, la Comisión ha activado varios de sus mecanismos para atender las solicitudes de los familiares y que “ha podido constatar el interés en avanzar en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, aunque los resultados han sido infructuosos”.

La CIDH recordó que desde que tomó conocimiento sobre la desaparición de los 43 estudiantes solicitó al Estado mexicano “tomar medidas para la búsqueda, la investigación de los hechos y la atención a las víctimas de los ataques”.

Justicia, verdad y no impunidad

Tras su formación, el GIEI brindó asistencia técnica a las autoridades estatales y presentó las conclusiones de su trabajo en dos informes con recomendaciones dirigidas al Estado, al tiempo que ayudó a la apertura de nuevas líneas de investigación y la implementación de nuevas tecnologías de búsqueda de desaparecidos.

La Comisión encontró que a cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes “las autoridades nacionales deben avanzar en la investigación con resultados” y espera que la asistencia técnica internacional, a partir de la reinstalación del GIEI, “evite la impunidad y ofrezca justicia y verdad efectiva las víctimas”.

El 26 de septiembre de hace cinco años, policías locales capturaron a los estudiantes en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y supuestamente los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos. En el ataque murieron otras seis personas.

Los expertos internacionales pidieron investigar también el trasiego de droga en autobuses de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques, las redes de telefonía, así como la actuación de los militares esa noche.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder el 1 de diciembre de 2018, el caso se reabrió creándose una comisión especial para atenderlo.