Internacional
Miércoles 30 octubre de 2019 | Publicado a las 22:02
Colombia desplegará 2.500 militares de elite contra guerrilla disidente tras asesinato de indígenas
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El gobierno de Colombia ordenó este miércoles el despliegue 2.500 militares de una fuerza élite para combatir a los disidentes de la disuelta guerrilla FARC que mataron a cinco indígenas en una zona bajo influencia del narcotráfico.

Desde el municipio de Santander de Quilichao (suroeste), el presidente Iv√°n Duque acus√≥ a los rebeldes que no se acogieron al pacto de paz de “amedrentar a las comunidades ind√≠genas” mediante la violencia.

En respuesta, anunci√≥ la creaci√≥n de una fuerza √©lite con “2.500 efectivos” que tendr√° la misi√≥n de tomar el “control territorial”, “cerrar las rutas del narcotr√°fico” y “desmantelar” a la disidencia.

Duque encabezó un consejo de seguridad en inmediaciones del territorio indígena donde el martes fueron asesinados una líder y cuatro guardias nativos. El ejército y los indígenas acusaron a los disidentes de haber perpetrado la masacre que también dejó seis heridos.

El ataque ocurrió en el resguardo de Tacueyó, un territorio del municipio de Toribío que está bajo jurisdicción indígena, en el conflictivo departamento de Cauca.

Las Fuerzas Militares informaron que la violenta acción estuvo dirigida contra la guardia indígena, un cuerpo de vigilancia y control que opera sin armas, provisto apenas de bastones y equipos de comunicación.

“Desangre”

M√°s temprano, la Organizaci√≥n Nacional Ind√≠gena de Colombia (ONIC) denunci√≥ el “desangre” de sus pueblos a causa de la violencia financiada por el narcotr√°fico y convoc√≥ a una movilizaci√≥n nacional de repudio.

El movimiento anticip√≥ que marchar√° junto a los sindicatos, campesinos y universitarios el 21 de noviembre, cuando est√° previsto un “paro” en protesta contra pol√≠ticas del gobierno.

En Tacueyó, las comunidades dijeron que seguirán en sus tierras pese a la arremetida de los grupos armados que pretenden involucrarlos a la fuerza en el negocio ilegal.

“Esta es nuestra casa y de nuestra casa nosotros no vamos a salir (…), vamos a permanecer as√≠ nos toque morir”, dijo a la Agence France-Presse Luis Acosta, coordinador nacional de la guardia ind√≠gena.

En Colombia hay alrededor de 1,9 millones de indígenas, que representan el 4,4% de la población del país.

Desde el desarme del grueso de combatientes de la antigua guerrilla FARC, en 2017, se ha recrudecido la violencia en puntos focalizados de Colombia, donde organizaciones bien armadas quieren asumir el dominio ante la tardía llegada del Estado para copar el vacío dejado por los rebeldes.

La ONIC ha denunciado el asesinato de 123 indígenas desde la llegada de Duque al poder en agosto de 2018.

Misión internacional

Acompa√Īados de congresistas de la Comisi√≥n de Paz del Senado, los l√≠deres de la ONIC reunidos en Bogot√° solicitaron una “visita extraordinaria” de la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos y de la relatora especial de la ONU para los pueblos ind√≠genas, Victoria Tauli-Corpuz.

Seg√ļn sus voceros, la idea es que una misi√≥n internacional pueda constatar su “grave situaci√≥n de emergencia humanitaria, social y econ√≥mica”.

Este mi√©rcoles el secretario general de la Organizaci√≥n de Estados Americanos, Luis Almagro, elev√≥ su “voz de repudio y condena” por la masacre, seg√ļn un comunicado difundido en Washington.

De su lado, el presidente insisti√≥ en relacionar la violencia que sufren los ind√≠genas con el “crecimiento exponencial de los cultivos il√≠citos” de los √ļltimos a√Īos, que alcanzaron las 169.000 hect√°reas en 2018, seg√ļn la ONU.

El mandatario lleva a cabo una agresiva campa√Īa de erradicaci√≥n manual de plant√≠os y pretende reanudar las fumigaciones a√©ras que hab√≠an sido suspendidas por su antecesor, el nobel de paz Juan Manuel Santos, ante el potencial da√Īo de un herbicida sobre la naturaleza y la salud humana.

Duque espera antes acoger unas recomendaciones de la justicia para poder reactivar la aspersión aérea.

Para los ind√≠genas las acciones “sistem√°ticas” en su contra son consecuencia del “incumplimiento de los acuerdos” de paz suscritos en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.

Criticado por el gobierno de Duque, el pacto con el ahora partido FARC privilegia la sustitución voluntaria de cultivos ilegales a cambio de ayudas para los campesinos involucrados en la siembra.

Tras décadas de persecución a las drogas, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína y Estados Unidos su mayor consumidor.

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