Cinco indígenas murieron y seis quedaron heridos este martes en el suroeste de Colombia, en un ataque que autoridades atribuyeron a guerrilleros de las FARC que se apartaron del proceso de paz, y que fue condenado por el presidente Iván Duque y la misión de la ONU.

Las víctimas son del resguardo de Tacueyó, un territorio del municipio de Toribío que está bajo jurisdicción indígena, en el conflictivo departamento de Cauca.

Entre los muertos está Cristina Bautista, una líder de la comunidad Nasa, dijo la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío en un comunicado.

Las Fuerzas Militares informaron que el ataque estuvo dirigido contra la guardia indígena de Tacueyó, que poco antes había capturado en un retén a tres rebeldes de un grupo disidente.

Los guerrilleros respondieron y rescataron a sangre y fuego a sus compañeros.

Además de los muertos hay “seis heridos cuatro de los cuales están siendo atendidos en Toribío y dos en Tacueyó”, añadió el ejército en una declaración escrita.

Conformada por hombres y mujeres, la guardia indígena es un cuerpo de vigilancia y control que opera sin armas, provista apenas de bastones y equipos de comunicación.

Duque condenó en Twitter los asesinatos y ordenó a la cúpula militar trasladarse a la zona donde la fuerza pública tiene la “orden precisa de dar con (el) grupo delincuencial responsable de ataque”.

También dispuso la realización de un comité especial de derechos humanos conjunto entre el ministerio del Interior, la gobernación de Cauca y organizaciones indígenas.

“Todo nuestro compromiso con las comunidades ancestrales del departamento”, agregó.

“Masacre”

“La emergencia es grave. Es una masacre”, señaló por su parte Luis Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena.

Los nasa y otras comunidades del Cauca son víctimas de grupos armados que financia el narcotráfico y que se enfrentan por el control territorial.

Los indígenas se oponen a la siembra de marihuana y de la hoja de coca, materia prima de la cocaína, lo que los ha puesto en la mira de guerrilleros disidentes. En Cauca también operan rebeldes del Ejército de Liberación Nacional.

Según los cabildos, el ataque de este martes fue cometido por la columna Dagoberto Ramos de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Esto “es sumamente grave”, sostuvo el defensor del pueblo Carlos Negret en un mensaje a los medios.

El funcionario agregó que en la zona las disidencias no “dejan pasar ninguna misión humanitaria” y exigió respeto a la vida de las comunidades que “no quieren estar en el negocio ilícito del narcotráfico”.

Desde el desarme del grueso de combatientes de la antigua guerrilla FARC, en 2017, se ha recrudecido la violencia en puntos focalizados de Colombia, donde organizaciones bien armadas quieren asumir el dominio ante la lenta llegada del Estado.

El 10 de agosto dos indígenas murieron y cinco más sufrieron heridas en un enfrentamiento con guerrilleros disidentes.

El jefe de misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu también condenó en Twitter “los graves hechos ocurridos en Cauca, que se suman a [la] preocupante situación del departamento”.

“Las garantías de seguridad para las comunidades son esenciales para consolidar la paz”, señaló el representante del organismo que supervisa la marcha del pacto con la disuelta insurgencia marxista.

“El gobierno de Ivan Duque es cómplice con su silencio. ¿Hasta cuándo la matanza?”, reprochó por su parte en Twitter la Organización Indígena de Colombia (ONIC).

Hasta agosto, la ONIC había denunciado el asesinato de 158 líderes de los pueblos originarios desde que se firmó la paz con el ahora partido FARC en noviembre de 2016.

En Colombia hay alrededor de 1,9 millones de indígenas, que representan el 4,4% de la población del país.