Cuarenta y nueve hombres y una mujer fueron excarcelados este jueves en Nicaragua, luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega decidiera de forma unilateral tomar la medida. Todas estas personas, calificadas como “terroristas” por haber participado en las protestas que desde abril de 2018 sumen al país en una crisis política, recibieron distintas medidas cautelares, como arresto domiciliario.

El Ministerio de Gobernación informó que ha emitido 50 órdenes “a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública”.

En el proceso, que eleva a 386 el total de presos políticos liberados, participaron como observadores los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Entre los liberados no figura ninguno de los líderes del movimiento ni los dos periodistas detenidos en el contexto de las protestas. El Gobierno se comprometió en marzo a dar libertad absoluta a todos los “presos políticos” a más tardar el 18 de junio próximo.

Según el último reporte del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, unas 730 personas, entre manifestantes y periodistas, están bajo algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua por haberse manifestado contra Ortega. El Gobierno, en cambio reconoce que quedan 92 personas en prisión por haber participado de las protestas.

Justo en el Día de la Madre

Por su parte, el CICR dijo en una declaración que, atendiendo una invitación del Gobierno, observó el proceso de excarcelación de 50 personas desde el centro de detención ubicado en Tipitapa, 25 kilómetros al norte de Managua.

“Nos alegra que hoy, coincidiendo con el Día de la Madre en Nicaragua, 50 familias están reunidas de nuevo con sus seres queridos”, señaló la entidad, que se comprometió a asistir a las personas excarceladas.

Además de “presos políticos”, la crisis de Nicaragua, que comenzó con el estallido social contra Ortega el 18 de abril de 2018, ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras varias ONG locales cuentan hasta 594 y el Gobierno reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.