El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes la creación de una comisión independiente para revisar las normativas de la fuerza pública en combate, tras la publicación de un informe periodístico que alerta sobre el riesgo de ejecuciones de civiles a manos de militares.

El grupo de trabajo deberá hacer “una revisión de los lineamientos, manuales y protocolos operacionales para que, como independientes, certifiquen y puedan examinar la coincidencia, la coherencia, la congruencia, del comportamiento de la Fuerza Pública y sus lineamientos con las normas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario”, declaró el mandatario.

Desde la presidencial Casa de Nariño, Duque aseguró que la comisión “ad honorem” deberá cumplir con ese mandato en 30 días, ya que, “a raíz de hechos recientes, se han generado dudas por parte de algunos sectores con respecto a la forma en la que se conducen las operaciones”.

La comisión está integrada por el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González y el exjuez de la Corte Suprema Hernando Yepes.

El diario estadounidense The New York Times (NYT) reveló el fin de semana que el comando militar colombiano estaba exigiendo “duplicar” los resultados (muertes, capturas y entregas) en la lucha contra los grupos armados, sin pedirle a sus hombres “perfección” ni total “exactitud” al momento de lanzar “ataques letales”.

El artículo revivió los temores sobre asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate por las fuerzas armadas, un escándalo conocido en el país como “falsos positivos”.

Aunque el gobierno cuestionó el informe periodístico, ante el escándalo político y la preocupación expresada por organismos internacionales de derechos humanos, el ejército anunció que modificará la instrucción a las tropas en combate por considerar que pudo haber malas interpretaciones.

“Quien esté en la fuerza pública y cometa un delito y deshonre el uniforme le deberá caer todo el peso de la ley”, agregó este viernes el mandatario derechista.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá respaldó la creación de la comisión y le pidió al gobierno dar “prioridad” a los derechos humanos.

Nicholas Casey, autor del artículo, salió de Colombia tras recibir “acusaciones falsas” del oficialismo, en mensajes que se viralizaron en redes sociales.

Los llamados “falsos positivos” eran una práctica utilizada por la fuerza pública entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10), padrino político de Duque, de ejecutar personas a las que hacían pasar por guerrilleros muertos en enfrentamientos.

La fiscalía ha documentado al menos 2.200 casos de civiles asesinados bajo esa modalidad entre 1988 y 2014, aunque el 60% sucedieron entre 2006 y 2008.

La ONG Human Rights Watch (HRW) calcula en unos 3.000 los civiles asesinados durante el gobierno de Uribe.

Alrededor de un millar de uniformados han sido condenados por estos hechos, según el ente investigador.

Aunque aliviado por el acuerdo de paz con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, el país sudamericano, principal productor mundial de cocaína, vive un conflicto armado que durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, con un saldo de más de ocho millones de víctimas.