El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rectificó este miércoles puntos de su decreto que autoriza el porte de armas para determinadas categorías, tras críticas de numerosas instituciones y la detección de una brecha que facilitaba a ciudadanos de a pie la adquisición de fusiles.
El gobierno informó en un comunicado que la versión rectificada veda “expresamente la concesión del porte de armas de fuego portátiles [fusiles, carabinas, escopetas]” al ciudadano común, que solo podrá adquirir armas de menor calibre, llamadas “de porte”.
Solo los propietarios rurales podrán adquirir ese tipo de armas largas y mantenerlas en sus casas, añadió el gobierno, tras informar que los cambios fueron introducidos “a partir de los cuestionamientos realizados ante la Justicia, en el ámbito del Poder Legislativo y por la sociedad en general”.
El decreto que el 7 de mayo autorizó el porte de armas en la vía pública a determinadas categorías -políticos, camioneros, cazadores y quienes practican el tiro deportivo, entre otros- fue cuestionado ante la Justicia por consultorías técnicas del Congreso y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al estudio de la violencia.
El lunes, la fabricante brasileña Taurus anunció que desde la publicación del decreto recibió 2.000 pedidos de su fusil semiautomático T4, lo que hizo subir 7,6% sus acciones en la Bolsa de Sao Paulo el martes.
Este miércoles, sus acciones registraban un retroceso en torno al 3,2%.
El Supremo Tribunal Federal (STF) está analizando si el decreto es inconstitucional, como alegan sus críticos, que consideran que desfigura el Estatuto del Desarme, una ley aprobada por el Congreso en 2003 que sólo puede ser derogada por una nueva ley, y no por decreto.
En una de sus primeras medidas de gobierno al asumir el poder en enero, Bolsonaro flexibilizó -también por decreto- la tenencia de armas de fuego, eximiendo a los brasileños de tener que justificar la “efectiva necesidad” para tener una arma en casa. Esto permite la adquisición de armas de fuego a todos aquellos mayores de 25 años sin antecedentes penales y que comprueben aptitud técnica y psicológica para manipularlas.
Brasil registró casi 64.000 homicidios en 2017, una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes, cifra tres veces superior al nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de violencia endémica.