Expresidenta, senadora y ahora aspirante a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández escuchó este martes los cargos en su contra en la primera audiencia de un juicio por corrupción que se lleva a cabo en paralelo con la campaña para las elecciones de octubre próximo.
Fernández, una abogada de 66 años que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, tiene doce causas abiertas por presunta corrupción y cinco pedidos de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros parlamentarios. También se han embargado sus cuentas.
Vestida con un traje de falda y chaqueta azul marino con una blusa blanca, la exmandataria llegó a la sede del tribunal poco antes del mediodía local, la hora pautada para el inicio de la audiencia. Un puñado de militantes de su corriente de izquierda del peronismo la despidió entre vítores cuando partió de su departamento en el elegante barrio de Recoleta, en Buenos Aires.
Sin hacer ninguna declaración, la exmandataria se sentó en la última fila de los acusados, rodeada por sus abogados. Parlamentarios de su partido, Frente para la Victoria, y líderes de organismos de defensa de los derechos de humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la acompañaron entre el público.
La audiencia, dedicada exclusivamente a la lectura de cargos, duró tres horas. El tribunal convocó otra sesión para el próximo 27 de mayo en la que proseguirá con la lectura del expediente acusatorio, que consta de más de 600 folios.
A la salida del tribunal, Fernández sonrió y saludó brevemente con la mano a un grupo de partidarios que la esperó en la calle.
Primer juicio oral
La causa conocida como Vialidad es la primera que llega a juicio oral, y se prevé que extienda aproximadamente por un año, con audiencias semanales.
Con el cargo de jefa de una asociación ilícita, se le acusa de haber favorecido al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, en la concesión de licitaciones para obras viales.
Según la querella, la trama se prolongó durante los tres periodos de gobierno de Néstor y Cristina Fernández, desde 2003 hasta 2015. En esos años la provincia de Santa Cruz (sur), de la que el exmandatario fallecido en 2010 era oriundo y de la que fue también gobernador, concentró las obras públicas del país.
La acusación asevera que muchas de las obras adjudicadas en Santa Cruz fueron pagadas pero no terminadas y los trabajos tuvieron sobreprecio.
En total hay 13 imputados. Además del propio Lázaro Báez, también se acusa al exministro de Planificación Julio de Vido y el exsecretario de obras públicas José López, ambos bajo detención y quienes ocuparon esos cargos ininterrumpidamente durante los doce años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez.
Banquillo y elecciones
Fernández, que el fin de semana sorprendió a los argentinos con el anuncio de que optará a la vicepresidencia en una fórmula que encabeza su exjefe de gabinete Alberto Fernández, sostiene que los procesos judiciales en su contra son una “persecución política”.
El juicio es “un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral”, manifestó Fernández en un mensaje en las redes sociales.
Poco después, el ministro de Justicia, Germán Garavano, replicó diciendo que se trata de “un acto de justicia con jueces que, incluso, fueron designados durante su gestión o la de su exmarido”.
El próximo 27 de octubre se celebrará la primera vuelta de las presidenciales, en las que el presidente liberal Mauricio Macri busca la reelección.
El inicio del juicio ha sido similar a una película de suspenso. Debía comenzar en febrero, pero uno de los jueces enfermó y luego murió, por lo que fue postergado para mayo.
La semana pasada, la Corte Suprema pidió con carácter de urgencia el expediente para evaluar si es cierto que faltan pericias y pruebas, con lo que parecía que el juicio sería postergado nuevamente. Pero el tribunal aclaró dos días después que el proceso seguía su curso.
Otras causas
La acusación más grave que pesa sobre Fernández es la mencionada en la causa conocida como “Los cuadernos de la corrupción”, todavía en etapa de instrucción, que investiga supuestos sobornos de empresarios por más de 160 millones de dólares en maletines llenos de dinero en efectivo.
Por esa causa fueron allanadas el año pasado sus tres residencias: un departamento en Buenos Aires y dos casas en la región de la Patagonia.
Fernández también aguarda a que se fije la fecha de otro juicio en el que está acusada de lavado de dinero junto a sus hijos Máximo, diputado, y Florencia, cineasta.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
