La justicia brasileña levantó el secreto fiscal y bancario del senador Flávio Bolsonaro, quien en respuesta rechazó sospechas de presuntos movimientos financieros ilícitos y las atribuyó a “maniobras” para debilitar al gobierno de su padre, el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
La decisión judicial, que data del 24 de abril, fue revelada este lunes por el diario O Globo. La orden de ruptura del secreto, según el impreso, abarca también al exchofer del senador, Fabrício Queiroz, su exposa, la esposa de Flávio Bolsonaro, y de una empresa de la pareja.
A lo anterior su suman más de 80 exfuncionarios del antiguo gabinete del senador, sus familiares y empresas, y otros empresarios del área inmobiliaria supuestamente relacionados con el político.
En el caso de Bolsonaro, la medida, precisó O Globo, comprende el período 2007-2018, cuando el político era diputado de Rio de Janeiro.
En un comunicado, Bolsonaro hijo dijo que el secreto bancario de sus cuentas ya había sido roto “ilegalmente, sin autorización judicial” y que sus informaciones detalladas bancarias habían sido divulgadas. “Sólo ahora intentan una maniobra para calentar informaciones ilícitas que ya poseen hace varios meses”, apuntó en el texto escrito en primera persona.
“La verdad prevalecerá, puesto que no he hecho nada errado y no conseguirán usarme para golpear al gobierno de Jair Bolsonaro”, agregó.
El abogado de Queiroz, Paulo Klein, respondió a su vez a O Globo que el secreto bancario de su cliente “ya había sido levantado y expuesto por todos los medios de comunicación, siendo apenas un mero intento de dar apariencia de legalidad a un acto que fue practicado de forma ilegal”.
El Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro dijo a la agencia Agence France-Presse (AFP) que no se pronunciaría sobre el caso por estar bajo secreto.
Entre los exfuncionarios que fueron incluidos en la medida se encuentran la mamá y la hermana de Adriano Magalhaes da Nobrega, señalado por la Fiscalía de Rio de Janeiro como figura importante de un grupo de milicias sospechoso de haber participado en el asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018, dijo O Globo.
La investigación que puso bajo la mira a Flávio Bolsonaro, de 38 años, y Queiroz, su exchofer y exasesor comenzó el año pasado luego de que un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras detectara movimientos bancarios de hasta 1,2 millones de reales en 2016 (344.500 dólares al cambio promedio de ese año) en una cuenta de Queiroz, una suma aparentemente incompatible con sus ingresos.
Cuando el caso se hizo público, su padre dijo que las acusaciones eran “infundadas” y que se trataba de una “arbitrariedad” que tenía por fin último golpearlo a él.
Consultado sobre la decisión judicial, la tarde de este lunes, el portavoz de la presidencia, Otávio Rêgo Barros, se limitó a pedir a los periodistas preguntar directamente a Flávio Bolsonaro y a Queiroz.
