El gobierno de Daniel Ortega y la oposición dieron por finalizadas el miércoles las negociaciones con las que buscaban superar la crisis política que vive Nicaragua desde hace casi un año, al cumplirse el plazo establecido para el diálogo y sin lograr consenso en temas clave.

Los temas de justicia para las víctimas de la violencia durante las protestas antigubernamentales del año pasado; y de reformas democráticas, que pasa por hacer modificaciones al sistema electoral y negociar el anticipo de las elecciones de 2021, a demanda la oposición, quedaron sin ser resueltos.

“Se venció el plazo establecido sin encontrar consenso en estos puntos (justicia y democracia) que son indispensables para lograr resultados que nos permitan superar la profunda crisis en el país”, dijo el jefe de la delegación opositora, el exdiplomático Carlos Tünnerman.

Tünnerman explicó que ambas partes tenían “total diferencia” sobre esos temas y se decidió “hacer consultas hasta que logremos condiciones que permitan retomar el debate”.

Durante la negociación, que había empezado el pasado 27 de febrero, se alcanzaron no obstante -y entre muchas dificultades e interrupciones- acuerdos parciales para la liberación de detenidos durante las manifestaciones y para el fortalecimiento de garantías, como el derecho a la movilización, señaló el opositor.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijo en rueda de prensa que “enfocará su trabajo” en dar seguimiento a que se cumplan los acuerdos alcanzados, cuyo cumplimiento es responsabilidad del gobierno.

El bloque opositor dejó también abierta la posibilidad de una reapertura de las negociaciones con presencia de garantes internacionales y en la que “se discuta a profundidad el tema de justicia y el adelanto de elecciones”.

El presidente Ortega, horas antes de cerrar la mesa de negociación, había adelantado que se lograron algunos acuerdos, mencionó que siempre una negociación es compleja y enfatizó que, en este caso, el tiempo había sido “un verdadero desafío” por el “plazo corto que se estableció” para dialogar.

“Fuerzas que no quieren la paz”

“Se están logrando acuerdos, pero están siempre las fuerzas que no quieren paz, no quieren estabilidad para Nicaragua”, afirmó este miércoles el mandatario durante la ceremonia de presentación de credenciales de 13 embajadores en Managua.

“Siempre están esas fuerzas, extremistas, que irrumpen, amenazan la estabilidad”, reprochó.

El mandatario, quien gobierna desde hace 12 años en medio de acusaciones de corrupción y nepotismo por parte de la oposición, dijo también que existen presiones externas a favor y en contra de que en Nicaragua se restablezca la “estabilidad” y “se fortalezca la democracia”, sin ahondar en detalles.

El gobierno y la oposición habían iniciado estas negociaciones a fines de febrero -tras un primer intento fallido de diálogo entre mayo y junio del año pasado- para buscar una salida a la crisis que enfrenta el país desde que estallaron las protestas contra Ortega en abril de 2018, cuya represión dejó 325 muertos, cientos de detenidos, más de 50.000 exiliados y graves daños a la economía.

Pero la alianza opositora venía denunciando que no existía voluntad del gobierno para cerrar acuerdos en temas importantes.

“La voluntad política es inexistente de parte del gobierno”, afirmó el economista Juan Sebastián Chamorro, representante de la ACJD, antes de que iniciara la cita este miércoles.

La participación de garantes internacionales en las pláticas, la represión de las protestas, el encarcelamiento de opositores y el asunto de la liberación de presos han bloqueado el diálogo, según Chamorro.

“Una burla”

El lunes, la delegación del gobierno rechazó la propuesta opositora de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Aconudh) como garantes de los acuerdos sobre la restitución de derechos ciudadanos.

Pese a las diferencias, las partes decidieron el martes discutir el tercer punto de agenda relativo a “justicia, reparación y no repetición” de la represión contra opositores, pero la propuesta del gobierno “fue una burla”, según Chamorro.

“Seguimos viendo encarcelamientos” de opositores, pese a que la semana pasada Ortega se comprometió a cesar las detenciones ilegales, dijo el economista.

Adicionalmente, persisten diferencias sobre la lista de opositores presos que Ortega prometió el 20 de marzo liberar en un plazo máximo de 90 días, y que aún no se ha ejecutado.

La oposición contabiliza 779 detenidos por protestar contra el gobierno, incluidos los 150 opositores beneficiados el último mes con casa por cárcel, mientras que la Comisión de la Justicia y la Verdad creada por el parlamento de mayoría oficialista registra 261.

Las partes se reunirán el jueves con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para tratar lo relativo a la liberación de los detenidos, según la alianza opositora.