Militares venezolanos dispersaron este sábado con gases lacrimógenos y perdigones a decenas de personas que exigían cruzar hacia Colombia por un puente fronterizo de Ureña (Táchira, al oeste), cuyo cierre fue ordenado durante las últimas horas por el gobierno de Caracas para evitar la entrada de ayuda humanitaria.
“¡Queremos trabajar!”, gritaba la multitud frente a un grupo de efectivos de la Guardia Nacional con equipos antimotines que bloqueaba el puente Francisco de Paula Santander, uno de los cuatro que comunican el estado venezolano de Táchira con el departamento colombiano Norte de Santander.
La administración de Nicolás Maduro ordenó la noche de ayer viernes el “cierre total” de los cuatro puentes que comunican al estado Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander, donde está la ciudad de Cúcuta, centro de acopio de ayuda enviada por Estados Unidos a solicitud del opositor venezolano Juan Guaidó.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, justificó la medida en lo que definió como “amenazas” del gobierno de Colombia, que respalda el paso de ayuda gestionada por Guaidó, jefe del parlamento opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por una cincuentena de países.
Guaidó fijó para este sábado el día para que la asistencia de alimentos y medicinas cruce “sí o sí” pese a la negativa de Maduro, que la considera una “excusa” para una invasión militar liderada por Estados Unidos.
Vecinos de Ureña pedían a los militares autorización para atravesar el paso peatonal, como hacen cotidianamente.
Tras momentos de tensión, el piquete militar avanzó y comenzó a disparar gases lacrimógenos, a lo que algunos respondieron con piedras.
“Yo tengo que pasar para cumplir mis ocho horitas de trabajo. ¿Qué pasa si no llego? Mi familia depende de mí”, dijo a la Agencia AFP, antes de los disturbios, Unay Velasco, un joven de 24 años que hace servicios de limpieza en un supermercado en Cúcuta.
Unos 40.000 venezolanos cruzan a diario las fronteras tachirenses, según autoridades migratorias. La mayoría regresa a su país tras trabajar o comprar medicinas o productos escasos en su país.
Venezuela vive una grave crisis económica, con un sueldo mínimo que apenas equivale a unos 6 dólares, que ha forzado la emigración de unos 2,7 millones de personas desde 2015, según la ONU.
