El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes planes sociales en zonas pobres donde ha florecido el robo de gasolina, luego de que 98 personas murieron al estallar un oleoducto que saqueaban.

El izquierdista, que asumió el poder el 1 de diciembre, hizo un recorrido por el Estado de México, vecino de la capital y uno de los afectados por el robo de combustible conocido como “huachicoleo”.

“Ningún mexicano va a tener la necesidad de dedicarse a esas actividades porque va a tener ahora trabajo y va a tener bienestar y va a tener apoyo por parte del gobierno”,
dijo López Obrador en una gira por Acambay, un municipio rural.

“Se acaba el ‘huachicol"”, dijo el mandatario de 65 años, al detallar que el plan incluye la implementación de diversos programas de ayuda social y económica para atender a 91 municipios especialmente vulnerables a esta actividad criminal.

En el robo de combustibles participan desde grupos criminales de “huachicoleros”, que perforan ductos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y que cuentan con camiones cisterna y centros de almacenamiento, hasta algunos pobladores que en bidones venden la gasolina en carreteras comunales.

Poderosos cárteles de narcotraficantes también se han involucrado en esta industria ilícita, que en 2017 le costó al estado mexicano unos 3.000 millones de dólares.

El “huachicol” cuesta en promedio la mitad del precio de los combustibles en el mercado y Pemex investiga si gasolineras son abastecidas por grupos criminales.

Se han presentado algunos incendios en ductos perforados, generalmente sin víctimas. Pero el viernes, el poderoso estallido de una toma mientras unas 700 personas, incluidas familias enteras, robaban gasolina, ha dejado 98 muertos y más de 40 heridos, algunos de ellos de gravedad.

El incidente tuvo lugar en momentos en que López Obrador encabeza una estrategia nacional contra el robo de combustible.

Inversión millonaria

La ayuda para las zonas donde se roba gasolina se repartirá mediante ocho programas que beneficiarán a poco más de 1,68 millones de personas, con una inversión de 3.857 millones de pesos (unos 200 millones de dólares).

“Vamos a enfrentar así la práctica lamentable de tener que recoger gasolina de zanjas o de fugas o de tomas clandestinas, para que no haya desgracias”, dijo más temprano López Obrador en conferencia de prensa.

Para el analista José Antonio Crespo, la implementación de programas sociales es una idea loable siempre que “se hagan bien”, aunque discrepa en que la pobreza y la falta de oportunidades sean la única razón detrás de la creciente criminalidad.

“El crimen organizado, las drogas, responde a muchas variables, no solo al modelo económico. Ese diagnóstico está totalmente mal hecho”, dijo Crespo a la AFP.

Lecciones tras la tragedia

El robo de combustibles involucra tanto a pobladores de comunidades económicamente deprimidas, principalmente en la zona centro del país, como a cárteles del crimen organizado en busca de diversificar sus actividades ilícitas.

Pero López Obrador ha hecho énfasis en la participación de funcionarios de gobierno y de Pemex.

“Los que participan en este ilícito, los que más se benefician del mercado negro de la gasolina, son unos cuantos de los de arriba”, dijo en Acambay.

Para Martha Basilio, un ama de casa de 48 años, la campaña de apoyo gubernamental es buena sobre todo después de la tragedia en Hidalgo.

“¡Cuántas vidas humanas se perdieron! Y hay gente que también corrió ese riesgo aquí en nuestro municipio”, dice a la AFP, aludiendo al reciente saqueo de un ducto cerca de Acambay hace 10 días.

López Obrador reiteró que su gobierno apoyará la entrega a la fiscalía general de toda la información que sea necesaria para determinar las causas y la responsabilidad del desastre.

El fiscal general Alejandro Gertz ha dicho que la hipótesis de una posible negligencia de autoridades es parte “fundamental” de la investigación y que esta semana se citará a declarar a funcionarios de diversas instituciones de gobierno relacionadas al incidente.