La corrupción ha infectado a casi toda las áreas en Perú, a los juicios en contra de expresidentes e importantes figuras políticas, en 2018 también se conoció la situación del Poder Judicial, que incluyó casos que involucran desde jueces a la Fiscalía Nacional.

El caso de Pedro Chávarry, que hasta el martes 8 de enero ejercía como fiscal nacional, volvió a reflejar cómo la corrupción ha inundado diferentes áreas de la sociedad peruana, luego que se abrieran en su contra investigaciones por encubrimiento y diferentes irregularidades.

Aunque por su antiguo cargo cuenta con inmunidad para ser sometido a juicio, el exfiscal nacional tiene la prohibición de salir del país por nueve meses, debido a la investigación por la sustracción de documentos de una oficina lacrada del Ministerio Público, en plena indagación al partido del fujimorismo Fuerza Popular.

Por esta inmudidad, la única forma en que sea investigado es a través de una acusación constitucional por parte del Congreso de Perú, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó cuatro denuncias en contra de Chávarry.

De acuerdo a diario Gestión de Perú, la instancia legislativa aprobó las siguientes acusaciones:

-Las primeras dos acusaciones son por los delitos de encubrimiento real y por integrar una supuesta organización criminal conocida como ‘Los Cuellos Blancos’, integrada por jueces del Tribunal Supremo y otros miembros del Poder Judicial, dedicada a cobrar por condenas y manipular toda la estructura del Poder Judicial a su favor.

-Una segunda por la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo que investigaba el caso Odebrecht, pues consideran que “eso perjudica la lucha contra la corrupción”.

-La tercera denuncia es por interferir en el acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y Odebrecht, pues se le apunta de “intentar perjudicarlo para no tener el apoyo de implicados”.

Chávarry renunció asediado por las protestas de ciudadanos autodenominados indignados, que le reclaman comparecer ante la justicia por sus presuntos vínculos con la organización criminal judicial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y sus acciones contra los fiscales del equipo especial del caso Odebrecht Rafael Vela y José Domingo Pérez.