Un complejo casó está remeciendo a la ciudad de San Rafael en Argentina. Esto debido a que una denunciante acuso a un párroco de dejar morir a una mujer de 28 años para “ocultar una relación amorosa que ambos tenían”.

Según detalló el diario argentino Clarín, el cura investigado es Carlos Scarlata. En la acusación se indica que él no prestó auxilio a una joven llamada Valeria Cornejo, que falleció el pasado 23 de octubre.

El cuerpo de Cornejo fue encontrado por la policía el pasado 29 de octubre. Luego de realizar el análisis forense se determinó que había muerto de hipoglucemia (baja azúcar en la sangre). La joven sufría de diabetes tipo 1 y lupus.

En la denuncia se especifica que Scarlata habría visto a Valeria el día 18 de octubre. En ese momento, habría sido testigo de una descompensación en ella, pero no pidió asistencia médica.

En ese texto se agrega que el cura se habría enterado de la muerte de la muchacha el 30 de octubre. Luego de eso habría enviado mensajes de audio a una amiga de ella pidiendo que tuvieran reserva de su nombre. En ese momento, aseguran, él habría señalado que su supuesta amante murió de un coma diabético.

Captura | TV Argentina
Captura | TV Argentina

“Él evitó auxiliar a la docente para mantener oculta una relación amorosa que habían construido desde hace un buen tiempo. A pesar de haber advertido una descompensación, el cura no pidió asistencia”, aseguraron en la denuncia.

Por lo pronto, Scarlata fue citado por la Fiscalía a declarar en calidad de testigo de los hechos, aunque ya se le informó que existe una investigación por su supuesta relación con lo acontecido.

Por el momento, el ente persecutor ordenó periciar todas las llamadas que habría realizado el sacerdote en la segunda semana de octubre, para determinar la veracidad de la denuncia.

Por otra parte, sostiene TN Argentina, el Arzobispado de Mendoza se ha mantenido en silencio respecto a este tema, evitando dar declaraciones a los medios de comunicación.

Medios de Argentina han señalado que Carlos Scarlata podría enfrentar una pena de presidio que iría entre cinco y 15 años, si se comprueban los hechos.