Guatemala anunció el fin unilateral en 24 horas de la Cicig, la comisión de Naciones Unidas que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno, pero el jefe de la ONU aseguró que su trabajo continúa y llamó al país centroamericano a honrar sus compromisos internacionales.
Los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que acusa al presidente Jimmy Morales de corrupción electoral en los comicios que ganó en 2015, deberán abandonar inmediatamente el país, dijo la canciller Sandra Jovel a periodistas en la ONU, tras reunirse con el secretario general Antonio Guterres.
“Se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado”, dijo la canciller.
El presidente Morales, quien durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado, acusó a la Cicig de ser “una amenaza” para la paz en Guatemala, defendió poco después la salida de la comisión al acusarla de atentar contra la seguridad y la soberanía del país.
“La Cicig durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala”, aseguró el mandatario, acompañado de miembros de su gabinete en Ciudad de Guatemala.
Rechazo enérgico de la ONU
Guterres rechazó “enérgicamente” el anuncio y aseguró que la Cicig seguirá trabajando hasta el fin de su mandato en septiembre.
“El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo”, aseguró el jefe de la ONU en un comunicado difundido por su portavoz.
Guterres dijo esperar que el gobierno de Guatemala “respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la Cicig” y alabó “la importante contribución de la Cicig a la lucha contra la impunidad en Guatemala”.
“Por una persona”
Jovel se quejó vigorosamente de la decisión de Guterres de mantener en su cargo de jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, “trabajando desde fuera, cosa que es inaudita”, aunque el gobierno de Morales no lo deja entrar a Guatemala desde septiembre pasado.
Guterres “sacrificó a la comisión por una persona”, aseguró Jovel.
“Los funcionarios ya no son funcionarios de la Comisión” y “tendrán que salir de territorio guatemalteco”, indicó.
La Cicig es un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno guatemalteco y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y la ONU en 2007.
Jovel criticó además a la Cicig por no haber logrado en más de 11 años cumplir su misión de combatir “los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado”.
La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción en 2015, cuando junto a la fiscalía general reveló una estructura de defraudación fiscal en aduanas encabezada por el expresidente Otto Pérez (2012-2015), en prisión y a la espera de un juicio.
Morales, que llegó al poder con la promesa de extender el mandato de la Cicig hasta 2021, ha sido hostil a la comisión desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la fiscalía acusaron a un hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.
“La comisión (…) ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo”, le defendió Jovel.
Según la canciller, la Cicig “ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos”.
La situación empeoró en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de financiación ilegal en la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder. Dos veces la Cicig pidió al Congreso levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción.
El pasado fin de semana, el gobierno de Morales intentó impedir el ingreso del investigador colombiano de la Cicig Yinel Osorio, retenido en el aeropuerto durante 25 horas, hasta que la Corte de Constitucionalidad emitió una orden que le permitió ingresar al país.
Jovel estimó que la Corte de Constitucionalidad, que defiende la estadía de más de una decena de investigadores de la Cicig en el país, “se ha extralimitado en sus fallos, tratando de dictar la política exterior”.
Aseguró no obstante que los procesos judiciales abiertos debido a investigaciones de la Cicig proseguirán su curso y no serán afectados por el fin del acuerdo.
