El Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incra) ordenó a sus funcionarios suspender todos los proyectos de atribución de tierras en Brasil, debido a las modificaciones de su estructura dispuestas por el gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, según un documento obtenido este martes por la AFP.
La circular, emitida por el director del Incra el 3 de enero, determina “la interrupción (…) de todos los procesos de adquisición, expropiación, adjudicación u otra forma de obtención [de tierras] hasta la ulterior deliberación de esta dirección”.
Tras la asunción de Bolsonaro el 1 de enero, el Incra pasó de la égida de la Casa Civil (jefatura de gobierno) a la del ministerio de Agricultura, dirigido por representantes del agronegocio.
Una fuente del ministerio de Agricultura indicó que a su modo de ver no se trata de una suspensión de la reforma, sino de una pausa durante el proceso de transición.
Alexandre Conceição, de la dirección nacional del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST) afirmó que “la medida agravará la situación en el campo y traerá mayores conflictos”. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) también repudió la medida afirmando que tendrá reflejo inmediato en la violencia en el campo.
La violencia por la tierra dejó 71 asesinatos en 2017, el mayor balance en 14 años.
El Incra es un organismo creado en 1970, en plena dictadura militar (1964-1985). En su casi medio siglo de existencia, consiguió el asentamiento de 1,35 millones de familias, en 9.449 asentamientos que ocupan 89,4 millones de hectáreas, según datos de la entidad.
Bolsonaro fue electo en octubre con un fuerte apoyo de los grandes propietarios rurales. Su ministra de Agricultura, Tereza Cristina, era la jefa de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados y su cartera ganó nuevas atribuciones, como la demarcación de tierras indígenas.
En su programa electoral, Bolsonaro propuso calificar como actos “terroristas” las invasiones de propiedades, un arma de lucha tradicional del MST.
Un reciente informe de Oxfam señaló que 1% de los terratenientes poseía en 2016 el 45% de las tierras agrícolas de Brasil.
