“El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tenía la siguiente visión: Brasil es un país grande, es un lugar para reservas naturales y agricultura industrial”, dice Thomas Fatheuer, de la red brasileña Cobra. En cambio, “la visión del nuevo presidente Bolsonaro es: necesitamos más espacio para la agroindustria”.
Inmediatamente después de su investidura, de la cual ayer domingo se cumplió una semana, Bolsonaro comenzó a implementar esta visión. Trasladó la responsabilidad de la designación de Áreas Indígenas y Ecológicas Protegidas del Ministerio de Justicia al Ministerio de Agricultura, liderado por la lobbista agraria Tereza Cristina Dias, y como ministro de Medio Ambiente Bolsonaro nombró al abogado Ricardo Salles. El mismo exsecretario de Protección Ambiental en el estado de Sao Paulo que llamó la atención durante su breve mandato por controvertidos permisos otorgados a la industria en áreas de protección ambiental.
Rechazo a las multas
Se tiene que poner fin a las multas que aplica la autoridad ambiental brasileña (Ibama), fue lo que señaló el nuevo presidente brasileño en su cuenta de Twitter, y agregó: “En las áreas protegidas indígenas viven menos de un millón de personas, que son explotadas por organizaciones no gubernamentales (ONG)”.
Los nativos de Brasil respondieron al polémico tuit con una carta abierta. La supuesta manipulación por parte de las ONG no es un problema, dijeron los líderes indígenas Marcos Apurinã, Bonifácio José y André Baniwa, sino la ineficiente política del gobierno brasileño contra los pueblos indígenas. “No queremos ser diezmados por nuevas actividades y resistir la tutela política. Queremos seguir siendo indígenas y exigir el reconocimiento de nuestra identidad étnica”, dice la carta.
Pero para Bolsonaro, los indígenas son un socio en los negocios que, “al igual que todos los demás brasileños”, gana dinero, comercia, saca oro, vende piedras preciosas y alquila tierras. Es por esto que se considera que “hay mucho dinero involucrado”, como dice Thomas Fatheuer, quien vivió en Brasil durante 20 años y también dirigió la oficina de la Fundación Heinrich Böll, vinculada a Los Verdes en Alemania. El experto estima que la legalización de la minería en áreas indígenas será uno de los principales choques en los próximos años.
La deforestación está aumentando
Las áreas indígenas protegidas conforman el 13% del territorio brasileño y son propiedad del Estado, según la ley brasileña. Este deja a los indígenas el usufructo y a cambio se les pide contribuir con la protección de la selva tropical. La minería en estas áreas protegidas está permitida solo con el consentimiento del Congreso Brasileño y las comunidades involucradas.
La designación de Áreas Indígenas de Conservación ha contribuido desde 2004 a una importante desaceleración de la deforestación en la selva amazónica. Según el Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE), los números bajaron de más de 25.000 kilómetros cuadrados desforestados por año hasta 5.000 kilómetros cuadrados en 2014. Desde entonces, la deforestación y los impactos han aumentado nuevamente. En 2018, se estima que 7.900 kilómetros cuadrados de bosque tropical desaparecieron para siempre.
“Se ha logrado mucho en la protección de la selva tropical”, dice el experto Fatheuer. Es por eso que hay mucho que perder ahora. Y agrega una pregunta que está acosando tanto al gobierno alemán como a las ONG: ¿Qué será de la Asociación de Desarrollo Alemán-Brasileña?
La cooperación entre los dos países comenzó después de la Conferencia de Cambio Climático de Río de 1992, bajo la dirección del canciller Helmut Kohl y el entonces ministro de Medio Ambiente, Klaus Töpfer. Los países industrializados establecieron un programa piloto para la protección de las selvas tropicales (PPG7). De 1992 a 2009, el Ministerio de Desarrollo (BMZ) financió el proyecto con más de 300 millones de euros. Hoy en día, el BMZ también apoya los fondos internacionales para la Amazonía.
El galardonado proyecto “Saúde e Alegria”, que promueve la salud y el desarrollo sostenible en la Amazonía, también fue uno de los socios del proyecto de la cooperación alemana para el desarrollo. El coordinador, Caetano Scannavino, ve ahora amenazados los éxitos de su trabajo si se legaliza la extracción de oro en áreas protegidas. “La protección del medio ambiente no tiene nada que ver con el romance”, aclara. “El Amazonas garantiza el suministro de agua en todo Brasil, y quienes cortan las selvas tropicales están dañando la agricultura en el sur del país, eso es algo que debe comprender el Ministro de Economía y de Agricultura”, remarcó.
