La Corte Suprema de Justicia argentina rechazó por inconstitucional el cambio de índice para el cálculo de pensiones impulsado por el gobierno de Mauricio Macri y que implicó, en la práctica, la reducción de los haberes para 17 millones de personas.

Por cuatro votos contra uno, el tribunal ordenó al gobierno pagar las pensiones bajo un índice más beneficioso y solicitó al Congreso el debate de una nueva ley.

El gobierno había impulsado el cambio para generar un ahorro fiscal anual de unos 100.000 millones de pesos (USD 2.500 millones).

La decisión de la Corte Suprema se aplica a un caso, pero establece precedente para otros 150.000 jubilados que iniciaron reclamos judiciales similares.

Centenares de jubilados esperaron pacientemente la decisión de la corte en una manifestación pacífica a las puertas de los tribunales con carteles en contra del “saqueo a los jubilados”.

La polémica reforma promovida por una norma que votó el Congreso hace un año había desatado violentas manifestaciones que obligaron incluso a interrumpir el debate parlamentario en medio de una batalla de piedras y represión policial en los alrededores del Parlamento.

Las protestas fueron acompañadas por una huelga general de 24 horas de las principales centrales obreras.

El gobierno, que no cuenta con mayoría parlamentaria, había logrado aprobar la reforma de pensiones merced al apoyo de aliados por 128 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones.