Un expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y dos exjefes de Gabinete irán a juicio oral por el presunto desvío de fondos públicos con el programa de transmisión gratuita de fútbol impulsado por el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), según un fallo de este martes.
“La esencia de este delito es el doloso perjuicio a un patrimonio ajeno, causado desde una posición legal de poder”, sostuvo la jueza María Servini en su resolución.
Según la acusación, el Estado y la AFA se “asociaron” para el programa Fútbol Para Todos (FPT), puesto en marcha en 2009 por la entonces presidenta Fernández y dejado sin efecto en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.
La transmisión volvió a manos privadas y la mayoría de los partidos sólo pueden verse por cable y codificados.
No se trató simplemente de la compra de los derechos de transmisión, por lo cual el Estado debió supervisar qué se hacía con el dinero entregado a la AFA como pago por la televisación gratuita de los partidos, consideró la jueza.
El exmandamás del fútbol argentino Julio Grondona no figura en esta causa debido a que falleció en 2014. En cambio, su sucesor Luis Segura es uno de los 13 acusados junto a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
Según el escrito de Servini, los contratos firmados en el marco del Fútbol Para Todos hicieron posible “un desvío de cuatro millones de pesos (108.000 dólares al cambio actual) hacia la AFA”, generando “un perjuicio del Estado Nacional”.
La investigación apuntaría que el Estado desembolsó más de 9 mil millones de pesos argentinos durante los años en que transmitió los partidos de fútbol profesional, pero que en la AFA sólo se registraron en torno a 6 mil millones de pesos argentinos, consignó diario Clarín.
“Desde septiembre de 2009 a diciembre de 2015, las acreditaciones a la AFA de parte de la Jefatura de Gabinete ascienden aproximadamente a 5.621.799.796,57 pesos, una suma por demás considerable para dejarla librada al azar”, indica la acusación del fiscal Gerardo Pollicita. Además de poco más de 36 millones de pesos argentinos que quedaron en el sindicato de futbolistas.
La jueza consideró que lo que “en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil (la AFA)”.
Además indicó que no se verificó el fortalecimiento económico de los clubes, uno de los propósitos del programa.
En la causa, están imputados además otros exdirigentes del fútbol y ex funcionarios.
