La líder opositora peruana Keiko Fujimori se sentará este miércoles en el banquillo para que un juez decida si la manda a prisión preventiva por 36 meses por supuestos aportes ilegales de campaña, mientras intenta evitar el desplome de su otrora poderoso partido.

La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) debe comparecer ante el juez a las 09:30 locales (11:30 de Chile) por un pedido de prisión preventiva presentado por la fiscalía, una semana después de ser liberada por una corte de apelaciones tras permanecer siete días detenida por el mismo caso.

Este pedido de prisión preventiva por 36 meses, el máximo plazo contemplado por la ley, amenaza la aspiración de Keiko de ser candidata presidencial, por tercera vez, en 2021.

Keiko adoptó en las últimas horas un sorpresivo tono conciliador, llamando a la “paz y el reencuentro” con el gobierno peruano, tras haber mantenido un sello beligerante desde la campaña electoral de 2016, que perdió ante Pedro Pablo Kuczynski.

“Terminemos juntos esta guerra política reconociendo que todos hemos sido parte de ella”, declaró Keiko, quien no dio tregua a Kuczynski hasta forzarlo a renunciar a la presidencia en marzo pasado.

La suerte de Keiko, de 43 años, debía ser resuelta el domingo, pero su defensa alegó que le faltaban documentos que debió darle la fiscalía y pidió más tiempo para preparar sus argumentos.

La petición fue aceptada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien reprogramó la audiencia para este miércoles. Keiko no está obligada por ley a asistir, pues basta que acuda su abogada, Giuliana Loza, pero se da por hecho de que lo hará, tal como hizo el domingo.

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez ha pedido prisión preventiva para 12 dirigentes y cuadros fujimoristas, encabezados por Keiko, a quienes acusa de recibir y encubrir 1,2 millones de dólares de Odebrecht a la campaña de ella en 2011.

La petición debe ser resuelta por Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a quien Keiko acusa de estar confabulado con el fiscal Pérez.

“El origen de la debacle”

El domingo Keiko se retiró con semblante victorioso del tribunal, pero en los días siguientes su partido Fuerza Popular (derecha populista), que controla el Congreso peruano, se sumió en una crisis.

La agrupación inició una “reestructuración” mientras cunde una sensación de desbande entre sus legisladores, tras la renuncia de los miembros de la cúpula partidaria y dos asesores que integran el férreo entorno de Keiko.

A esas turbulencias se suma la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de distanciarse temporalmente como militante del partido y la renuncia a sus filas del legislador Francesco Petrozzi, quien acusó al grupo político de ser “sectario”.

A pesar del remezón, Keiko descartó dejar la presidencia del partido. “Las diferentes instancias han expresado el respaldo a mi persona”, señaló el martes en la noche.

El desgaste causado por sus problemas judiciales y disputas familiares, así como por liderar una oposición obstruccionista, ya le pasó factura en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, en las que el fujimorismo no ganó ninguna de las 25 gobernaciones ni tampoco alcaldías importantes.

Cosechó menos del 3% de votos, mientras que en las presidenciales de 2016 Keiko obtuvo 40%.

“Es probable que el origen de la debacle (del fujimorismo) tenga fecha y hora precisas: 4 de la tarde del domingo 5 de junio 2016”, cuando Keiko perdió el balotaje por un margen mínimo ante Kuczynski, escribió el analista peruano Alberto Vergara en una columna en la edición electrónica en español del diario The New York Times.

La frustración por haber perdido una segunda elección presidencial (la primera fue en 2011 ante Ollanta Humala) indujo a Keiko a enviar a su mayoría parlamentaria a una guerra sin cuartel contra Kuczynski, hasta que el mandatario arrojó la toalla.

Ella intentó dominar al actual presidente Martín Vizcarra, pero éste reaccionó con energía ante los embates del Congreso, lo que terminó por desplomar la popularidad de Keiko, quien además libra una guerra fratricida con su hermano menor Kenji, de 38 años, por el legado político de su padre.

El expresidente de ancestros japoneses, de 80 años, está internado en una clínica de Lima en calidad de detenido desde que hace tres semanas la justicia peruana anuló el indulto que le concedió Kuczynski en diciembre mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.