Perú sancionará con cárcel desde este jueves a quienes cometan acoso sexual, chantaje sexual o difundan imágenes con contenido sexual de otras personas sin su consentimiento.
La ley impone de tres a cinco años de prisión por acoso sexual y lo define como quien “de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana”.
La norma, publicada en la gaceta oficial, señala que las víctimas y los testigos de acoso sexual no podrán ser despedidos de sus empleos.
La ley también contempla el acoso sexual fuera de lugares de trabajo o estudio, y fija una pena de entre 4 y 8 años de cárcel cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años de edad y es “pariente del acosador, habiten en el mismo domicilio o exista una relación de dependencia”.
El chantaje sexual, que tendrá de 2 a 4 años de prisión, contempla a quien amenace o intimide a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información, a fin de obtener de la víctima una conducta o acto de connotación sexual.
“De 2 a 6 años de prisión para aquellos que sin autorización difundan o comercialicen material audiovisual con contenido sexual de una persona en redes sociales”, señala la ley.
Un caso de acoso que conmovió al país fue el de Eyvi Ágreda, de 22 años, quien fue hostigada durante meses por un excompañero de trabajo, Carlos Javier Hualpa, de 37 años, para que fuera su novia. Debido al rechazo de la mujer, el hombre la roció con gasolina y la quemó dentro de un autobús en Lima el 24 de abril pasado. Ella falleció 37 días después.
Según el ministerio de la Mujer, entre el 2013 al 2016 se reportaron 1.314 denuncias por acoso sexual en lugares de trabajo o estudio.
El abogado penalista Mario Amoretti dijo “que ahora corresponde una mayor sensibilización de la policía para recoger las denuncias de las víctimas”.
“Muchas veces la policía no acepta las denuncias que se formulan, pese a que hay una obligación”, expresó el abogado al diario La República.
