El partido del candidato presidencial de centroderecha Geraldo Alckmin, quien tiene hasta ahora un pobre desempeño en las encuestas de las elecciones de octubre en Brasil, recibió en 24 horas dos golpes por hechos de corrupción.
La Policía Federal (PF) lanzó este miércoles 40 órdenes de búsqueda y registro y 14 de prisión preventiva contra “representantes de la cúpula de los poderes ejecutivo y legislativo” del estado de mato grosso do Sul (centro-oeste) que estarían involucrados en un esquema de sobornos a cambio de beneficios tributarios a empresas.
Entre los sospechosos figura el gobernador Reinaldo Azambuja, un veterano del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la poderosa formación del expresidente Fernando Henrique Cardoso, según la estatal Agencia Brasil.
Las investigaciones apuntan a los ejecutivos “de una gran empresa del ramo de la carne”, informó en un comunicado la PF, sin revelar el nombre de la firma.
El martes, en una operación lanzada por el Ministerio Público del estado de Paraná (sur), fue detenido el exgobernador ‘tucano’ (como se conoce a los miembros del PSDB) Beto Richa, por sospechas de haber recibido sobornos a cambio de licitaciones de obras de recuperación y modernización de carreteras rurales.
En el operativo también fueron detenidos su mujer y su hijo.
Al ser informado del encarcelamiento del exgobernador, el candidato del PSDB a las presidenciales del 7 de octubre, Geraldo Alckmin, el preferido de los medios financieros, reconoció que “eso fragiliza a su partido”.
El exgobernador de Sao Paulo, que no logra despegar en las encuestas pese a contar con el mayor tiempo de propaganda gratuita de radio y televisión, está en cuarto lugar, con 9% y 10% de intenciones de voto.
“Alckmin está cargando el problema del desgaste de la imagen del PSDB y los últimos episodios, que golpean a dos de sus feudos electorales, deben recordar al elector que el partido sigue en la mira de Lava Jato”, dijo a la AFP Thomaz Favaro, analista de la consultora de riesgos Control Risk.
La Operación Lava Jato puso al descubierto una gigantesca red de sobornos pagados por constructoras a partidos y políticos para obtener contratos en Petrobras.
