Cristina Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, se presentó este lunes nuevamente ante los tribunales para declarar en la causa por sobornos conocida como “los cuadernos de la corrupción”, proceso que denunció como deliberado en su contra y carente de pruebas.

Fernández desechó delegar su comparecencia en sus abogados y acudió puntual ante el juez Claudio Bonadio a las 11:00 horas.

La expresidenta permaneció en tribunales durante una media hora. En los alrededores, apenas un par de militantes esperaron con un cartel para expresarle su apoyo.

“Ya saben, no se movilicen. Pongan la energía en defender la universidad y la salud públicas, la ciencia y la tecnología y ayudar a lxs (sic) que la están pasando mal, que desgraciadamente no son pocxs (sic) hoy en nuestro país”, había pedido Fernández en un mensaje de Twitter, dando a entender que la causa en su contra intenta distraer de la crisis económica que enfrenta el país.

Poco antes de que Fernández acudiese ante el juez, el presidente Mauricio Macri anunció nuevas medidas de austeridad ante la crítica situación económica y financiera que atraviesa el país.

“Estamos en presencia de una supuesta investigación que carece de todo contenido jurídico, que se desarrolla con fines que nada tienen que ver con un servicio de administración de justicia y que, de manera torpe, busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que ya nadie puede ocultar”, dijo Fernández en su escrito, según diario Clarín de Argentina.

“Ni una mínima prueba”


“Reitero mi negativa categórica y terminante de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así también como de haber cometido delito alguno”, sostuvo Fernández en un texto que entregó en el juzgado.

“La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, añadió.

Cristina Fernández, de la centro-izquierda del peronismo, ha comparado su caso con el del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, y sostiene que es una perseguida a la que se quiere proscribir de la actividad política.

Con 65 años, la exmandataria es la figura más destacada de la fragmentada oposición, a un año de las elecciones presidenciales.

Los cuadernos del juez

Fernández ya había acudido el 13 de agosto a una primera sesión indagatoria ante el tribunal que investiga el pago de sobornos millonarios por parte de los más importantes empresarios argentinos para obtener contratos de construcción de obra pública.

En esa ocasión, recusó al juez y al fiscal Carlos Stornelli, pero su pedido fue rechazado.

También el exministro de Planificación Julio de Vido, quien está bajo arresto preventivo, declaró ante el juez este lunes.

El llamado a comparecer nuevamente en tribunales se debe a que las investigaciones, inicialmente fijadas entre 2008 y 2015, fueron ampliadas para que abarquen también los años que van de 2003 a 2008.

En total, se investiga todo el periodo K: del primer gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) a los dos mandatos de Cristina Fernández, finalizados en 2015.

Fernández es la persona de más alto rango investigada en el caso que implica a una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios, incluido Ángelo Calcaterra, un primo del presidente Mauricio Macri.

La trama de sobornos fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia.

A esas anotaciones hechas en cuadernos escolares se han sumado las confesiones de una docena de “arrepentidos”, la mayor parte de ellos empresarios, pero también dos exfuncionarios clave de los gobiernos kirchneristas.

Como senadora, Cristina Fernández goza de fueros parlamentarios que impiden su detención, aunque puede ser imputada y condenada.

Las tres residencias de Fernández, un departamento en Buenos Aires y sus casas de Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia (sur), fueron allanadas en agosto con autorización del Senado.

Además de éste, Fernández tiene abiertos otros cinco procesos judiciales por presunta corrupción y por encubrimiento a iraníes en el atentado a la mutual judía AMIA.