El debate sobre la despenalización y/o legalización del aborto se ha tomado gran parte de la opinión pública de América Latina, a los casos de Argentina y Chile, ahora se debe sumar Brasil, donde el Supremo Tribunal Federal (STF) impuso la discusión tras una demanda presenta en 2017.
El máximo tribunal brasileño se encuentra entrevistando a expertos, activistas, organizaciones y diferentes instituciones, para tomar una decisión sobre revisar los artículos 124 y 126 del Código Penal que penalizan el aborto y que según una demanda del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y la ONG Anis serían inconstitucionales.
La demanda patrocinada por la ONG y el PSOL nace del caso de Rebeca Mendes, una mujer que viajó a Colombia en 2017 para abortar de forma legal. Antes había solicitado ante la misma Corte Suprema la posibilidad de realizarlo de forma segura en Brasil, pero su acción fue desestimada, consigna diario El País de España.
Tras este caso, el PSOL y Anis introdujeron en marzo de 2017 un recurso ante el STF para que la interrupción del embarazo antes de la duodécima semana de gestación deje de ser considerada un crimen. Por lo que la jueza Rosa Weber convocó a dos audiencias el pasado y viernes para escuchar a expertos del tema.
En concreto, instaron al alto tribunal a que se pronuncie sobre si el Código Penal de 1940, en el que consta la criminalización del aborto fuera de los casos mencionados, respeta los principios de dignidad de la persona humana y los derechos sexuales y reproductivos consagrados en la Constitución de 1988.
Más de 50 especialistas en salud y representantes de ONG, organizaciones religiosas y universidades expondrán sus argumentos a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, una cuestión especialmente delicada en el país con más católicos del mundo y con una creciente presencia de iglesias evangélicas.
En Brasil, el aborto se penaliza con hasta tres años de prisión. Sólo es permitido en caso de violación, riesgos para la madre o si el feto desarrolló una anencefalia, una malformación congénita del sistema nervioso.
En una de las primeras intervenciones ante un público divido en la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, la doctora María de Fátima, representante del Ministerio de Salud, recordó que, pese a la prohibición, una de cada cinco mujeres brasileñas ha pasado por un aborto y que cada año mueren 203 mujeres y otras 250.000 son hospitalizadas por complicaciones en intervenciones clandestinas.
“La criminalización no impide que las mujeres aborten y, desde un punto de vista jurídico-constitucional, viola el derecho a la autonomía, la libertad, la ciudadanía y la vida de las mujeres”, expuso Luciana Boiteux, abogada del PSOL, durante la audiencia.
La jueza Rosa Weber, que también ejerce como relatora del caso, deberá preparar un documento con sus conclusiones sobre el caso y someterlo a la votación del plenario del Supremo Tribunal Federal, hace dos años la magistrado se declaró a favor de que el aborto dejase de ser un crimen.
En Brasil, el aborto se penaliza con hasta tres años de prisión. Solo es permitido en caso de violación, riesgos para la madre o si el feto desarrolló una anencefalia, una malformación congénita del sistema nervioso.
