“En el portafolio de servicios sexuales globales, Cartagena se ofrece como destino turístico para la droga y la prostitución”.

Con estas palabras, y en el marco de un masivo operativo, la Fiscalía Nacional de Colombia justificó el procedimiento conjunto que llevó a cabo entre varios organismos, con el cual desbarató una gran red de explotación sexual y proxenetas.

Entre los 18 detenidos, sumado a los 4 ciudadanos extranjeros para quienes ya se pidió la extradición, destacó el capitán (r) de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Raúl Romero, de 35 años, quien, tras su captura y durante una audiencia de formalización, aceptó los cargos que le imputó el órgano persecutor.

El uniformado fue acusado de ubicar por redes sociales a “niñas menores de 14 años de edad, abusar de ellas, comprar su silencio y ordenarles que se tatuaran su nombre en partes de su cuerpo”, según precisó la Fiscalía colombiana.

Entre las acusaciones que escuchó Romero se encuentran los delitos de estímulo a la prostitución de menores, concierto para delinquir y uso de menores de edad en la comisión de delitos, entre otros.

El hombre que habría tatuado a las menores también fue detenido e identificado como John Padilla, quien “también habría agredido sexualmente a varias menores de edad”. A él se sumó Hillary Madero, de 19 años, quien habría ayudado a encontrar niñas para que Romero las pudiera abusar.

“La Madame”

Liliana del Carmen Campos Puello, alias “Madame”, también fue detenida, la mañana del 29 de julio, ya que la Fiscalia cree que es “la mayor proxeneta” de toda la ciudad.

Su arresto se produjo por su vinculación con el traslado de adolescentes y mujeres desde Cartagena al extranjero “con fines de explotación sexual”. Aquello, de acuerdo a la legislación colombiana, constituye el delito de trata de personas de orden transnacional y se paga con hasta 23 años de cárcel.

Además, sería la responsable del “corredor sexual” que existe en las playas de la urbe y habría contado con un complejo aparataje para realizar fiestas sexuales en la ciudad, con ayuda desde el extranjero.

Pero no es la primera vez que Campos enfrenta un proceso, ya que posee antecedentes penales por tráfico de heroína. En Estados Unidos, en tanto, tiene registros de entrada y permanencia irregulares.

Plazas

El centro histórico de Cartagena también fue parte de esta investigación, que aglutinó a la Fiscalía colombiana, las policías nacional y judicial, Migración Colombia, la Armada y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En éste, de acuerdo a los resultados de la indagación, decenas de niñas fueron “obligadas a ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero” en “sitios de afluencia alta de turistas”, tras ser reclutadas por “redes de proxenetas que les definieron rutinas y horarios”.

Las tareas que habrían desempeñado los detenidos por esta arista revelaron cómo funcionaba este último grupo: dos personas estaban encargadas de buscar y convencer a menores vulnerables para ofrecer servicios sexuales y otros permitían estas agresiones al interior de hoteles que administraban.

Finalmente, dos funcionarios policiales, identificados como Javier Tovar y Naymiro Cabarca, fueron sindicados como presuntos receptores de dinero “para abstenerse de cumplir con su deber y no capturar a los turistas que pagaban por servicios sexuales con niñas y adolescentes”.

La denominada “Operación Ventis”, en relación a la diosa griega protectora del hogar, se desarrolló durante el primer semestre de 2018 y culminó con 13 allanamientos, el seguimiento a 5 hoteles de la ciudad, 7 registros policiales y un saldo cercano a las 250 víctimas.