La justicia laboral argentina dictó este martes, a pedido del Gobierno, un embargo por 810 millones de pesos (casi 30 millones de dólares) contra el Sindicato de Camioneros, por ignorar una conciliación obligatoria en una huelga, informaron fuentes judiciales.
El Ministerio de Trabajo, querellante en la causa, argumentó ante la justicia que el sindicato desobedeció en diciembre una orden de suspender una medida de fuerza que había convocado para reclamar mejoras salariales.
Los camioneros están liderados por Hugo y Pablo Moyano, padre e hijo. Ambos forman parte de la oposición sindical al gobierno del presidente Mauricio Macri, y fueron, junto con otras poderosas centrales obreras, promotores de la huelga general que paralizó al país el 25 de junio.
El embargo y multa impuestos por la justicia laboral, representan el monto más alto que se recuerde en la historia del fuero.
“Esto es una persecución política y que, por el monto, tiende a quebrar la obra social”, dijo en rueda de prensa Pablo Moyano.
Las obras sociales sindicales son los servicios gratuitos de salud a los afiliados. En el caso de camioneros, abarca a unos 200.000 trabajadores.
“Vamos a ir con los enfermos (de los sanatorios sindicales) a la puerta de la casa del ministro de Trabajo (Jorge Triaca) y del Presidente a ver si son capaces de darles respuesta. No hay motivo para semejante multa, no hubo un hecho grave”, declaró Hugo Moyano.
La relación entre Macri y los Moyano se ha tensado con el correr del tiempo, alcanzando en la actualidad un pico de hostilidad.
