Un domingo extraño registró Brasil luego que un juez ordenara la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de prisión por un caso de corrupción, decisión que fue revocada pese a un segundo intento del magistrado de excarcelar al antiguo mandatario.
La extraña jornada comenzó a las 08:05 (siempre hora de Chile) cuando el juez de guardia Rogério Favreto, del tribunal de segunda instancia de la 4ª Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, ordena liberar a Lula, acogiendo un pedido de habeas corpus planteado por la defensa del expresidente.
La decisión de Favreto no es aplicada por la gendarmería brasileña y el juez anticorrupción Sérgio Moro, que condenó a Lula en primera instancia, afirma que Favreto carece de competencias para ordenar la liberación del expresidente.
Ante esta situación desfavorable, Favreto emite una nueva orden de liberar al líder de la izquierda, a la cabeza de los sondeos para las elecciones de octubre.
A las 13:13, el juez Joao Pedro Gebran Neto, relator del juicio de Lula en el TRF4, anula la orden de liberación emitida por Favreto.
Dos horas después, el juez Moro informa que aunque está de vacaciones hasta el 31 de julio, emitió su parecer al haber sido citado en el pedido de habeas corpus. Esa aclaración fue divulgada después de que su intervención fuera cuestionada por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Al mismo tiempo, Favreto no se da por vencido y ordena liberar a Lula de inmediato: “Reitero el contenido de las decisiones anteriores, determinando el inmediato cumplimiento de la medida de liberación en el plazo máximo de una hora”, escribe.
Recién pasadas las 18:30 el presidente del TRF4 decide mantener a Lula preso, respaldando la decisión del relator del caso Gebran Neto.
“Anarquía judicial”
O’Globo, el principal medio de comunicación de Brasil, calificó la situación como una “anarquía judicial” en su editorial de este lunes, tras el enfrentamiento entre Favreto y Gebran Neto, aunque tras la decisión del presidente TRF4 eliminó de su portal dicho contenido.
Editorial: Anarquia judicial em torno de Lula, https://t.co/AkNkgW3IUx pic.twitter.com/5GzDPZMMWF
— O Globo Brasil (@OGloboPolitica) July 8, 2018
El mismo medio publicó este lunes en su portada que la situación de Lula el domingo reflejaba la división al interior de la justicia brasileña en torno al caso del expresidente, quien pese a ser condenado por corrupción sigue liderando las encuestas para ser el próximo presidente de Brasil.
“Guerra de veredictos sobre el habeas corpus de Lula reflota las división del STF (Supremo Tribunal Federal)”, titula la nota principal de O’Globo, señalando que “las diferencias entre los integrantes de la Corte ahora se refleja en instancias inferiores y confirma una imagen de debilitamiento del Poder Judicial”.
“Hoy estamos asistiendo a una confusión, que es un reflejo de la inseguridad jurídica que vemos en las decisión de los ministros del Supremo, cada uno toma decisiones a partir de una libre interpretación”, señala el abogado constitucionalista Marcelo Figueiredo.
Lula fue condenado por ser el beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por la constructora OAS, a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras.
El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena parte de un complot de las élites para evitar que pueda volver al poder.
Aunque fuera liberado, la candidatura de Lula debería ser invalidada por el tribunal electoral al estar condenado en segunda instancia, según la ley brasileña.
Figura icónica de la lucha anticorrupción en Brasil, Sergio Moro ha tenido varios reveses en las últimas semanas con la liberación el pasado 26 de junio de José Dirceu, el que fue el hombre fuerte del gobierno de Lula, por orden del Supremo Tribunal Federal (STF) y la absolución reciente por la misma corte de Gleisi Hoffmann, también acusada de corrupción.
Los abogados del expresidente, de 72 años, consideran que Lula debe seguir en libertad hasta que se agoten todos los recursos, pero el STF decidió en abril aplicar una jurisprudencia que estipula que todo condenado en segunda instancia debe ser encarcelado.
