La justicia de Ecuador vinculó el lunes al expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica, en una causa por el presunto secuestro en Colombia de un opositor a manos de policías en 2012, informó la fiscalía.

La jueza Daniella Camacho acogió el pedido de la fiscalía y dispuso que el exmandatario (2007-2017) se presente “cada 15 días” ante la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que responda dentro del caso por el secuestro del exdiputado Fernando Balda, señaló el organismo acusador en su cuenta de Twitter.

Camacho “acoge el pedido de Fiscalía y dispone la medida de presentación periódica del expresidente Rafael C. ante la Corte Nacional cada 15 días, a partir del 2 de julio de 2018”, indicó.

En la audiencia en Quito, el fiscal general Paúl Pérez también solicitó como medida cautelar “el uso del dispositivo electrónico” de vigilancia por parte de Correa, pero el pedido fue rechazado por la jueza.

Previamente, el exmandatario, quien vive en Bruselas tras dejar el poder en mayo de 2017, expresó por Twitter: “No sé por qué me vinculan, ni de qué me vinculan”.

Incluso alertó: “Hoy pueden ordenar quitarme la libertad”.

De momento, la justicia no ha especificado el cargo exacto por el cual fue vinculado penalmente Correa.

Balda, exlegislador del Partido Sociedad Patriótica (PSP), de oposición a Correa, sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012, y por orden del entonces presidente, cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.

Por el caso ya están detenidos tres agentes de Inteligencia policial, un excomandante de la Policía y un exjefe de la Secretaría (ministerio) Nacional de Inteligencia, quien fue capturado el domingo en España.

La ley ecuatoriana fija una condena mínima de cinco años de cárcel por el delito de secuestro.