Una masiva manifestación unió este jueves en la Plaza de Mayo a camioneros con docentes y trabajadores del Estado, todos en huelga, en reclamo de aumentos salariales que contemplen la inflación, que acumula 11,2% en cinco meses en Argentina.

La protesta no fue acompañada por la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), que lanzó un paro general para el lunes 25 de junio, en rechazo a la política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri acordada con el Fondo Monetario Internacional.

El estratégico sindicato de camioneros, liderado por Pablo Moyano, reclama 27% de ajuste salarial para este año, tras rechazar la propuesta patronal de 15%.

El paro de 24 horas, que afectó todas las ramas de camiones -transporte de caudales, de combustibles, recolección de residuos, correo y logística- se debió a que los empresarios adelantaron el martes “su imposibilidad de otorgar un incremento salarial de 27%”, según el sindicato.

Además, los docentes del sector público y los empleados del Estado, alineados en las dos alas de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realizaron sus respectivos paros de 24 horas y se sumaron a la marcha en la Plaza de Mayo.

La protesta “es para que el mundo y el FMI vean que el Gobierno no cuenta con el apoyo ni con el compromiso de la sociedad en un plan de ajuste”, declaró el docente Hugo Yasky, líder de uno de las dos sectores de la CTA.

Las cinco líneas de metro también se plegaron al reclamo de “no a los despidos y no a una reforma laboral”, con paro del servicio desde las 20H00 hasta la reapertura el viernes.

El gobierno de Mauricio Macri puso como límite un 15% anual de reajuste para las negociaciones salariales entre sindicatos y empresas, así como para el sector público, en línea con su meta de inflación, que ya acumuló 11,2% entre enero y mayo.

La economía está en jaque por una crisis de confianza de los mercados, agravada por una inflación que las consultoras proyectan cerca del 30% anual, con una actividad económica en desaceleración.

La depreciación del peso de 28% desde fines de abril, impulsó el alza de los precios, afectando los de la canasta básica de alimentos y los combustibles.

La semana pasada, el gobierno anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el cual tendrá acceso a créditos hasta por 50.000 millones de dólares en tres años.