El Senado argentino se apresta a debatir este miércoles un proyecto de ley ya aprobado en Diputados que retrotrae a 2017 las tarifas de servicios públicos, norma que el presidente Mauricio Macri prometió vetar por su impacto fiscal.
El proyecto, impulsado por todo el arco opositor, busca declarar la emergencia tarifaria para los servicios de electricidad, agua y gas, y retrotraer su cotización a noviembre de 2017 para atar los aumentos a la evolución de los salarios.
Salvo sorpresas de última hora el proyecto se encamina a convertirse en una ley, que Macri prometió vetar de inmediato.
El gobierno calcula el costo fiscal de la norma en unos 100.000 millones de pesos (3.900 millones de dólares), algo que va a contrapelo de la urgencia del gobierno por reducir un déficit fiscal que llega a 3,9% del PIB.
Argentina sufrió una corrida cambiaria que depreció en 20% el peso frente al dólar y que la llevó a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional con un crédito cuyo monto y condiciones aún se negocian, pero que incluirá una reducción del déficit fiscal.
“No vamos a dudar un instante en hacer lo que tenemos que hacer”, dijo este martes el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El gobierno busca sin embargo evitar el costo político de un veto.
El proyecto reclama al gobierno medidas para aliviar el incremento de tarifas, que ya crecieron 1.000% desde diciembre de 2015, cuando asumió Macri.
Las tarifas de los servicios públicos, todas con subsidio estatal, estuvieron congeladas durante una década, pese a que Argentina ha sido tradicionalmente un país de alta inflación.
La norma ya fue aprobada en Diputados por 133 votos a favor, 94 en contra y tres abstenciones.
El gobierno pretende que los salarios no se ajusten este año más allá del 15% en coincidencia con su meta de inflación. Pero el FMI proyecta un aumento del índice de precios al consumidor en torno al 20%, mientras consultoras privadas la sitúan por encima de 25%.
