La fiscalía peruana decidió llevar a la justicia al expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas a cinco mujeres durante su gobierno (1990-2000), según informó el miércoles un organismo de derechos humanos.
“El fiscal superior, Luis Landa, ordenó denunciar a Fujimori y a tres exministros de Salud, como autores mediatos en los casos de esterilizaciones forzadas de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y otras tres mujeres más, que sufrieron lesiones graves y luego murieron”, dijo a la AFP el abogado de familias de las víctimas, Milton Campos.
Campos, abogado de la ONG DEMUS que defiende los derechos de la mujer, dijo que durante el gobierno de Fujimori hubo al menos 2.164 casos de esterilizaciones forzadas.
“La resolución del fiscal Landa señala que está convencido que existe suficientes elementos para que se denuncie al expresidente Fujimori, a sus ministros Marino Costa, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga y otros funcionarios”, dijo Campos.
Los abogados involucrados en casos en Perú suelen ser notificados antes de que las resoluciones se publiquen.
En diciembre del 2016 las víctimas, asesoradas por DEMUS, habían presentado una moción contra la decisión de la fiscal Marcelita Gutiérrez de archivar parcialmente el caso.
Las mayores afectadas fueron mujeres pobres, quechua hablantes de zonas rurales, según la ONG.
El caso fue llevado ante la fiscalía hace 15 años por las víctimas y, en noviembre del 2015, el gobierno peruano dispuso la creación de un registro nacional de víctimas de las esterilizaciones forzadas.
El gobierno de Fujimori puso en marcha en 1996 un programa de salud reproductiva y planificación familiar que incluía cirugías de ligadura de trompas en teoría voluntarias, política con la que el mandatario buscaba frenar la tasa de natalidad y fomentar el desarrollo económico.
Este drama estuvo presente en la campaña electoral de 2016, en la que la entonces candidata Keiko Fujimori prometió compensar a las víctimas de las esterilizaciones forzadas, pero sin admitir responsabilidad de su padre.
En cambio, el candidato Pedro Pablo Kuczynski, que ganó las elecciones, calificó esa práctica como “crimen de lesa humanidad” y prometió compensar a las víctimas, aunque luego no lo hizo en sus 20 meses de gobierno.
El expresidente Fujimori, de 79 años, fue indultado en diciembre por Kuczynski mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad, pero ahora enfrenta otro proceso por la matanza de seis campesinos en 1992.
