La Corte Suprema de Brasil sacudió los cimientos del sistema político al autorizar la detención del expresidente Lula, un mito de la izquierda, en el mayor golpe de la investigación Lava Jato contra las enormes redes de corrupción en el país.
Lula siguió el debate sin hacer declaraciones en una sala del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo. Avanzada la noche se dirigió a su departamento, en la misma localidad.
“La presunción de inocencia, ese derecho fundamental que fatalmente volverá a valer para todos, no valió hoy para Lula. Un día triste para la democracia y para Brasil”, escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
El partido de Lula prometió defender en las calles y ante todas las instancias su candidatura presidencial “hasta las últimas consecuencias”.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se sumó a las críticas: “No es sólo a Lula al que quieren arrestar, sino también el sueño de un país más justo. Jamás lo permitiremos. La lucha continúa”, señalaron.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, también estuvo entre los primeros en reaccionar a la decisión: “No solo Brasil, el mundo entero te abraza @LulapeloBrasil”, escribió en Twitter.
“La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares”, agregó el cuestionado mandatario.
Esas palabras se mezclaban con los festejos de los rivales políticos del hombre que en 2010 dejó el Palacio de Planalto con los mayores niveles de popularidad de la historia moderna.
En Brasilia, sede del tribunal, se lanzaron fuegos artificiales cuando la votación aún no había concluido y en Sao Paulo se escucharon bocinazos celebrando la decisión.
El PSDB del exmandatario Fernando Henrique Cardoso, que perdió las últimas cuatro elecciones que disputó contra el PT, emitió un comunicado firmado por su líder en la Cámara Baja, Nilson Leitao.
“El expresidente no está por encima de la ley, sino al alcance de ella como todos los brasileños. Una decisión en sentido contrario frustraría a la sociedad y sería un retroceso en el combate a la impunidad”, aseveró.
